Sorprende que parte de la oposición haya legitimado a una fiscal sin autonomía y sin proyecto de transformación
A nadie sorprende que Ernestina Godoy sea la nueva fiscal. El libreto quedó definido desde la ilegal renuncia de Gertz Manero y lo de ayer fue apenas la ejecución —casi mecánica— de las instrucciones presidenciales. La presidenta Sheinbaum quería a una incondicional al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) y la mayoría calificada de Morena y aliados en el Senado simplemente obedeció. Fue un triunfo indiscutible de Sheinbaum.
Lo verdaderamente llamativo es que Godoy no llegó solo con los votos del oficialismo. También fue respaldada y legitimada por una parte de la oposición. La bancada de MC anunció su apoyo y todo indica que hubo, al menos, cuatro votos del PAN. Con ello no solo avalaron una simulación burda: renunciaron a aprovechar una coyuntura única para discutir lo que realmente importaba: la transformación de una Fiscalía ineficiente, arbitraria y capturada.
El oficialismo ha intentado justificar este nombramiento alegando que el modelo actual simple y sencillamente no funciona. Tienen razón. Pero si ese modelo fracasó fue, en buena medida, porque el expresidente López Obrador, Morena y, sí, también parte de la oposición impulsaron y votaron en 2019 por Gertz Manero, quizá uno de los perfiles menos adecuados para construir autonomía e impulsar la transformación que la Fiscalía necesitaba.
Gertz Manero nunca fue un perfil autónomo. Todo lo contrario: siempre fue funcional al poder en turno. Fue secretario de Seguridad de Cuauhtémoc Cárdenas (PRD) en el gobierno capitalino; luego brincó a la Secretaría de Seguridad Pública federal con Vicente Fox (PAN-PVEM); más tarde fue diputado federal por Convergencia (hoy MC); y finalmente fue propuesto por López Obrador (Morena-PT-PES) para encabezar la Fiscalía.
En 2019 nadie podía pensar seriamente que ese perfil garantizaría autonomía respecto del poder. Y, pese a ello, parte de la oposición votó por él. El entonces priista Jorge Carlos Ramírez Marín lo sintetizó con elocuencia involuntaria: la bancada del PRI no tendría la “mezquindad” de negarle a México su primer fiscal; la designación de Gertz, dijo, era “la pieza que le falta a la democracia mexicana”.
El saldo de la gestión de Gertz era previsible. Nunca hubo una transformación real. La vieja Procuraduría General de la República (PGR) cambió de nombre, pero las prácticas de siempre se mantuvieron intactas. La Fiscalía se utilizó con fines políticos y no generó capacidades para lo más elemental: investigar los hechos, identificar a los responsables y obtener sentencias condenatorias. Hoy la institución es incapaz de judicializar los casos con éxito, pero tremendamente eficaz para presionar a adversarios políticos.
Durante la gestión de Gertz no se esclareció Ayotzinapa, pero sí se intentó acusar de delincuencia organizada —y enviar a un penal de máxima seguridad— a 31 científicos cuyo único pecado fue cumplir con la ley y un estatuto. Esa fue la Fiscalía de Gertz: una institución al servicio del poder —y al servicio del propio Gertz—. El caso de Laura Morán y Alejandra Cuevas es un recordatorio de hasta dónde estuvo dispuesto a llegar el primer fiscal “autónomo” del país.
El fiscal Gertz fue funcional para el presidente López Obrador. Tan es así que nunca intentó removerlo. Si hubiera querido, podría haberlo hecho sin dificultad. El artículo 102 de la Constitución es claro al señalar que el “Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por las causas graves que establezca la ley”. Y una de esas causas es, según el artículo 24 de la Ley de la Fiscalía, “cometer violaciones graves a la Constitución”. Razones para removerlo sobraban. Morena tenía los votos suficientes para bloquear cualquier eventual objeción en el Senado. Pero nunca hubo voluntad política. ¿Para qué habría López Obrador de remover a un fiscal que le cumplía?
Algo similar ocurrió en el inicio del sexenio de la presidenta Sheinbaum: Gertz volvió a ser un fiscal funcional para el poder presidencial. Hay quien sostiene que su renuncia se debió a supuestas filtraciones que habrían molestado a la presidenta. Pero, de ser ciertas, esas filtraciones en realidad la habrían beneficiado en su disputa por ganar espacios dentro de la coalición gobernante. Las filtraciones afectaron a figuras incómodas para Sheinbaum, como Andrés Manuel López Beltrán o Adán Augusto López, uno de sus principales rivales internos.
La renuncia de Gertz, más bien, debe leerse como una jubilación de lujo con impunidad garantizada. A sus 86 años, se va con un premio digno de exgobernador priista que entregó su estado: una embajada en un “país amigo”, muy posiblemente Alemania. Se marcha sin rendir cuentas por su desempeño y, seguramente, con información sensible sobre los más variados actores, lo que constituiría la mayor garantía de ese pacto de impunidad.
La salida de Gertz abría la posibilidad de discutir lo que realmente importa y de hacer las cosas de otra manera. La presidenta Sheinbaum pudo haber puesto sobre la mesa una reforma a las fiscalías —como ella misma había anunciado—. El Senado pudo haber abierto un proceso amplio para elegir al mejor perfil, con participación y escrutinio público. La conversación pudo haberse centrado en el modelo: si el actual no funciona, ¿cómo corregirlo? Nada de eso ocurrió.
El oficialismo optó por la simulación: una renuncia producto de un pacto imposible de admitir en público; un proceso en fast track para nombrar a la nueva fiscal; una lista plagada de impresentables, y un procedimiento cuyo desenlace podía adivinarse desde el primer minuto.
De nuevo: lo verdaderamente sorpresivo es que parte de la oposición haya legitimado esta farsa. Godoy obtuvo en el Senado 97 votos a favor, 11 nulos y solo 19 en contra. Puede presumir, incluso, más votos que Gertz en 2019. Y lo logró, otra vez, con el aval de quienes insisten en presentarse como alternativa y como oposición.
La oposición podía hacer más. Mucho más. Pudo haber dado un paso al frente y exigir, en bloque, una reforma para corregir el modelo. No lo hizo, y en el tintero quedaron propuestas serias —algunas incluso confeccionadas desde la propia oposición—. Pudo dar la batalla por mejores perfiles. Tampoco lo hizo, y quedaron solos —y abandonados— perfiles valiosos como el de Luis Pérez de Acha. Vaya: incluso si Morena iba a activar la aplanadora de cualquier forma, lo mínimo era denunciar la farsa y negarse a ser cómplices. Ni eso.
La llegada de Godoy a la Fiscalía era inevitable; la claudicación de parte de la oposición, no.
Javier Martín Reyes. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en el Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker. X: @jmartinreyes.