Uno de los mejores ejemplos del deterioro que vive el Instituto Nacional Electoral (INE) es el acoso que ha emprendido en contra de periodistas. Como si no hubiésemos tenido la elección menos democrática de la historia, como si no existieran irregularidades flagrantes que ameritaran investigaciones serias, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) ha preferido desplegar requerimientos abiertamente inconstitucionales: que violan derechos, que inhiben el periodismo y que, en el colmo del absurdo, intentan obligar a periodistas a revelar sus fuentes. Que el INE de hoy no persiga a quienes cometen ilícitos electorales, sino a quienes los exhiben, ya debería ser un escándalo. Pero lo verdaderamente alarmante es que no lo es.
Lo que está haciendo el INE viola, de forma abierta y directa, la Constitución. Un ejemplo lo dice todo: a finales de mayo, la periodista Laura Brugés publicó un tuit con dos fotografías que mostraban la posible distribución de “acordeones” en la alcaldía Gustavo A. Madero, presuntamente en favor de un candidato. Un mes después, el 27 de junio de 2025, recibió un requerimiento formal de la Unidad Técnica de Fiscalización. Así de claro: en el México del INE, exhibir una trampa puede resultar más gravoso que cometerla.
La redacción del documento es peculiar. En un primer momento se afirma que el requerimiento se hace “en un ánimo de colaboración”, como si se tratara de un acto voluntario. Pero en los párrafos siguientes aparece el verdadero contenido: se le exige a la periodista que revele la fuente de su publicación. “Colaboración”, en el diccionario de la UTF, implica la obligación de revelar información constitucionalmente protegida.
El oficio cita el artículo 36, numeral 3, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. Esa disposición permite a la Unidad Técnica requerir información a personas físicas o morales, quienes —según el propio reglamento— deben responder en un plazo máximo de cinco días. Pero el INE fue más allá: le dio a Laura Brugés apenas 48 horas para revelar “la fuente de la cual se obtuvo la información publicada”. Ni cinco días le dieron. Y lo que exigían, además, está expresamente prohibido por la Constitución.
Desde hace más de una década, la Suprema Corte (SCJN) ha dejado en claro que ninguna persona periodista puede ser obligada a revelar sus fuentes. En la acción de inconstitucionalidad 66/2009, por ejemplo, reconoció que los derechos a la libertad de expresión y a la información protegen el secreto profesional. Incluso advirtió que el periodismo sin esta garantía simplemente no puede ejercerse. Sin secreto profesional no hay periodismo libre. Y sin periodismo libre, no hay democracia.
No solo lo ha dicho la Corte. El Tribunal Electoral (TEPJF) también ha establecido criterios obligatorios en el mismo sentido. En la jurisprudencia 19/2011, la Sala Superior sostuvo que el secreto profesional protege no sólo la identidad de las fuentes, sino los elementos que permitan inferirla, así como el contenido de investigaciones no publicadas. Todo esto forma parte del contenido de la libertad de información y el libre desarrollo de la profesión informativa. En otras palabras: la Unidad Técnica sabe que lo que hace es inconstitucional. Lo hace porque puede —y quizá porque ya asume que nadie querrá frenar estas arbitrariedades—.
No se trata, además, solo de una afectación individual: este tipo de requerimientos generan un efecto inhibidor generalizado. Implican costos legales, desgaste emocional, tiempo y recursos para las personas afectadas. Y también mandan un mensaje: si denuncias, te investigamos a ti. Laura Brugés, como tantos otros periodistas, quizá se lo piense dos veces la próxima vez. Y parece que eso es exactamente lo que quiere la unidad del INE: que el verdadero objetivo no es investigar ilícitos, sino generar miedo en la prensa.
Peor aún: no se trata de un caso aislado, ni de un hostigamiento exclusivo contra periodistas. Otro ejemplo es el de Luis Fernando Fernández, director de la organización Práctica: Laboratorio para la Democracia. En su momento, él denunció que al menos 380 candidaturas pagaron publicidad en redes sociales para promoverse —una práctica expresamente prohibida por el propio INE—.
Uno pensaría que, ante una denuncia de ese calibre, el INE se sentiría obligado a investigar, sobre todo si plataformas como Facebook de Meta hacen pública esta información. Pero no: el encargado de despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, David Ramírez Bernal, decidió ir por otro camino. En lugar de investigar a los responsables, decidió acosar al denunciante. De nuevo, a Fernández le dieron tan solo 48 horas para proporcionar una montaña de información, en “ánimo de colaboración”. En este caso, para el INE, “colaborar” significa: haz tú la chamba que yo no quiero hacer.
Regreso al punto: este tipo de conductas serían inaceptables por sí mismas. Pero lo son aún más si se contrastan con la complacencia que el INE mostró frente a Morena durante la elección presidencial. Como lo documentaron con puntualidad los informes del Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral (ANIE), la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE desechó decenas de denuncias por irregularidades graves en las elecciones de 2024, muchas de ellas vinculadas directamente con el expresidente López Obrador. A Morena, impunidad; a la prensa, persecución.
El mensaje es claro: a la prensa, a la sociedad civil y a la ciudadanía, se les hostiga con requerimientos ilegales y acoso burocrático. A Morena y sus aliados, en cambio, no se les toca ni con el pétalo de una investigación. Y eso que, al menos en teoría, todavía tenemos un INE independiente. Imaginen lo que nos espera después de la inminente reforma electoral. Si esto hace el INE “autónomo”, prepárense para lo que viene con el INE capturado.
Javier Martín Reyes. Investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en el Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker. X: @jmartinreyes.
