Después de una larga espera, finalmente nuestras autoridades dieron a conocer a principios de este mes una versión detallada de su estrategia para Pemex. Si hacemos caso omiso de comentarios como “…los 36 años de políticas neoliberales que dejaron a Pemex en una situación crítica…” o respecto de la acertada política energética del presidente López Obrador “…basada en la soberanía, la seguridad, la autosuficiencia y la sustentabilidad…”, el Plan representa, cuando menos en el papel, un cambio positivo frente a la desastrosa estrategia de la administración anterior. Desafortunadamente, no obstante los indicios de pragmatismo, el planteamiento dista de ser convincente.
De entrada, el Plan Estratégico de Pemex para 2025-2035 pareciera atenuar la relevancia de su naturaleza jurídica como empresa pública o productiva del Estado, al definir como su objetivo general “…lograr la sostenibilidad de la empresa, incrementando la productividad de su infraestructura, con una visión de eficiencia y reducción de costos…”. Con este fin, la estrategia se basa en dos ejes: el saneamiento financiero de la empresa y el incremento de su capacidad de producción en toda su gama de actividades.
El objetivo más importante en lo inmediato es hacer frente a los adeudos de Pemex con proveedores, estimados en más de 20 mil millones de dólares, y a sus amortizaciones financieras del orden de 5 mil millones de dólares en 2025 y de casi 19 mil millones en 2026. Para cubrir estos pagos, las autoridades contemplan la combinación de diversas acciones, incluyendo el uso de instrumentos innovadores para su refinanciamiento a mayores plazos.
Este enfoque ya ha mostrado algunos efectos positivos, como el monto de los recursos captados a través de la reciente emisión de notas pre-capitalizadas y la decisión de la agencia Fitch de mejorar la calificación crediticia de la empresa como resultado de dicha emisión. Sin embargo, los esfuerzos han sido insuficientes para cubrir los inmensos pasivos de corto plazo. Esto puede explicar la renuencia de otras calificadoras a tomar acciones similares a la de Fitch y la intención de la Secretaría de Hacienda de emprender medidas adicionales para el refinanciamiento de la deuda de Pemex.
Como se señala en el Plan, la empresa necesita, además, contar con recursos suficientes para sufragar sus necesidades de inversión en el largo plazo. Aunque Pemex, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda están trabajando de manera coordinada en la implementación de esquemas financieros que contribuyan a enfrentar este reto, los esfuerzos serán insuficientes en ausencia de una modificación del modelo de negocio que permita a la empresa operar sin pérdidas.
En este ámbito, el Plan Estratégico también incluye aspectos de relevancia. Uno de los más importantes, considerando la escasez de recursos públicos, es la apertura a la inversión privada en toda la cadena de valor. Pero también es de destacarse que el Plan señala que la inversión se destinará “…prioritariamente a proyectos con mayor generación de valor y menor riesgo”, además de que se hace una referencia explícita a la desinversión en activos no rentables. Otro cambio importante es la disposición a aprovechar el potencial del país para la producción de hidrocarburos en yacimientos de geología compleja (fracking), opción que había sido vetada durante la pasada administración.
Sobre la base de este enfoque, el Plan fija, entre otras metas, la eliminación del apoyo del gobierno federal a Pemex a partir de 2027; ubicar el costo del financiamiento de la empresa en el mediano plazo en niveles similares a los del gobierno federal; la extracción continua de 1.8 millones de barriles diarios de petróleo; el procesamiento de 1.3 millones de barriles diarios de crudo en el sistema nacional de refinación, para avanzar hacia la autosuficiencia en gasolina, diesel y turbosina; la recuperación integral del sector petroquímico; y el incremento gradual de la producción de gas.
Todo esto suena muy bien. El problema es que el optimismo de estas metas contrasta con las dudas sobre varios los supuestos utilizados y respecto del apego de algunas de las acciones a los principios estipulados en el Plan.
Para empezar, tomando en cuenta la debilidad de las finanzas públicas, no queda claro si los recursos gubernamentales que se están considerando para apoyar a Pemex estarán disponibles y, de ser este el caso, si serán suficientes. Tampoco es obvio que los esquemas que se contemplan para la participación del sector privado, a lo que habría que agregar el entorno adverso para la inversión privada en el país, permitirán atraer flujos importantes de inversión.
El documento señala que 84% de la inversión pública se concentrará en la exploración y extracción de hidrocarburos, aparentemente en línea con los principios antes descritos, dado que son las actividades más rentables. El pequeño detalle es que casi 80% de la producción de crudo se destinará a actividades de refinación, que han operado con números rojos. ¿De verdad se descartaría la participación de Pemex en la refinación o en la petroquímica, en caso de que resultaran poco rentables o continuaran generando pérdidas?
Aunque hace caso omiso de otros aspectos importantes como la necesidad de una reforma profunda de la gobernanza de Pemex, el Plan contiene muchos de los principios requeridos para superar los retos que enfrenta la petrolera. Sin embargo, el enfoque para su puesta en práctica deja mucho que desear. De no atenderse rápidamente este problema, las posibilidades de éxito de la estrategia serían muy bajas y los costos para todos enormes.
