Es increíble lo rápido que los legisladores producen iniciativas frente a la lentitud con la que las entienden. La propuesta reciente para reformar los artículos 191 y 219 de la flamante Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión presentada por el diputado Carlos Puente, del Partido Verde, vuelve a poner en evidencia esta brecha, y sí, también quiere aprobarse en fast track.
Se trata de una respuesta bien intencionada, pero técnicamente desconectada de la realidad. El planteamiento central de la iniciativa consiste en proteger a niñas, niños y adolescentes de contenido dañino, incluida la manipulación digital de imágenes o deepfakes. La violencia digital hacia menores es un problema real y creciente, pero la pregunta no es si debemos actuar, sino cómo.
La propuesta de reformas obliga a una larga lista de actores que van desde proveedores de acceso a internet, plataformas de streaming, tiendas de aplicaciones, concesionarios de TV de paga, redes sociales e incluso fabricantes de dispositivos, a implementar controles parentales, bloquear o filtrar contenidos, detectar material nocivo, ajustar algoritmos y eliminar de inmediato contenidos manipulados. Es una receta amplia y genérica que no distingue capacidades técnicas, roles dentro del ecosistema digital ni limitaciones operativas.
Peor aún, desconoce principios fundamentales que han guiado la arquitectura de internet por décadas. Cuando se exige a los proveedores de servicios de internet “detectar” o “evitar” la difusión de contenido, se pasa por alto que la mayor parte del tráfico está cifrada, que los operadores no conocen, ni deben conocer, el contenido del tráfico que transportan, y que cualquier mecanismo de filtrado implica prácticas que vulneran privacidad y seguridad. No es solo una cuestión técnica, sino de derechos y es también una amenaza directa a la neutralidad de la red, ese principio que garantiza que todos los datos se traten de manera igualitaria y que se ha vuelto indispensable para preservar la apertura del ecosistema digital.
El texto también parece ignorar que muchas de las medidas propuestas ya existen. Los servicios audiovisuales de streaming y la TV de paga operan ya con catálogos supervisados, clasificaciones por edad, restricciones de acceso y controles parentales. La intención de imponer herramientas que ya están implementadas revela una falta de conocimiento sobre la realidad del sector.
La iniciativa tampoco considera los riesgos de imponer obligaciones automáticas o filtros generalizados. El resultado puede ser un entorno de sobrerrestricción, burocracia regulatoria y una carga técnica que no se traducirá en una protección más efectiva para la infancia. En cambio, puede generar incertidumbre jurídica y operativa justo cuando el país intenta consolidar un nuevo marco institucional con la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, mala señal.
Además, la nueva ley de telecomunicaciones lleva apenas unas semanas de haber entrado en vigor. Antes de que el nuevo andamiaje institucional funcione, ya pretenden modificarlo; un sistema regulatorio sano no se construye a punta de parches acelerados, sino con diagnósticos, evidencia y consulta pública.
Proteger a la niñez es una obligación del Estado y de todos los actores del ecosistema, pero para avanzar se requiere comprender la tecnología, respetar principios fundamentales y organizar procesos regulatorios abiertos. Legislar por impulso populista termina generando más ruido que protección, más confusión que certeza, y más obstáculos que soluciones.
Abogada, presidenta de Observately comentarista de Radio Educación X y Threads: @soyirenelevy