El Investment Climate Statement 2025 publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos el viernes pasado envía un mensaje claro: el clima de inversión en México atraviesa un punto crítico. No porque haya dejado de ser atractivo, sino porque la certidumbre institucional, ese intangible que tanto valoran los inversionistas, está en riesgo. Este reporte cobra especial relevancia de cara a las negociaciones del T-MEC que han comenzado.
Organismos autónomos: la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica simboliza un viraje que no pasa inadvertido en el reporte. Ambos órganos eran imperfectos, pero representaban un contrapeso técnico frente a la tentación política. Sustituirlos por organismos bajo control del Ejecutivo disminuye la confianza en que las reglas del juego serán aplicadas con imparcialidad.
“Críticas advierten que la consolidación podría socavar la independencia regulatoria y la transparencia, abriendo la puerta a decisiones regulatorias motivadas políticamente que podrían perjudicar al sector privado frente a las empresas estatales y favorecer a compañías mexicanas sobre competidores de Estados Unidos y otros países”, menciona el informe. Y aunque los nuevos organismos de competencia y de telecomunicaciones podrían funcionar, generan la duda de si serán meros brazos de la administración en turno o si se conducirán bajo principios de transparencia, priorización de criterios técnicos y neutralidad política.
Un poder judicial politizado: el informe también subraya otro cambio estructural: la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. El reporte reconoce la intención de combatir la corrupción, pero subraya que estas medidas generan dudas sobre la independencia y la previsibilidad de las decisiones judiciales:
“El 16 de septiembre de 2024, México promulgó una reforma constitucional histórica al poder judicial federal que establece la elección pública de todos los jueces, incluidos los jueces laborales, lo que amenaza con politizar la selección de jueces y socavar su profesionalización después de años de inversión de fondos del T-MEC”.
El Estado como empresario: en paralelo, el gobierno ha fortalecido a Pemex y CFE como “empresas públicas” y ha permitido la expansión de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos. Algunos proyectos, como las alianzas con Starlink o Viasat para conectar comunidades rurales, son vistos de manera positiva. El problema surge cuando esas iniciativas se combinan con un terreno de juego desigual frente a operadores privados.
El informe establece que México corre el riesgo de volver a un modelo donde el Estado compite y regula al mismo tiempo, una fórmula que históricamente ha producido ineficiencia, desconfianza y hasta litigios.
Luces y sombras: no todo es negativo. El país sigue atrayendo inversiones en sectores estratégicos, mantiene estabilidad macroeconómica y se beneficia de la tendencia global hacia el nearshoring. Pero el reporte sugiere que esas ventajas estructurales podrían diluirse si el marco institucional continúa debilitándose.
La inversión extranjera no es un voto de fe; es un cálculo racional. Si el costo de la incertidumbre supera al beneficio de la ubicación, las empresas optarán por otros destinos en la región.
Sheinbaum enfrenta un dilema: ¿cómo balancear la aspiración de centralizar el gobierno con la necesidad de generar confianza en los mercados? Si opta por la ruta del control político, ganará poder a corto plazo, pero perderá inversión y crecimiento en el mediano.
Abogada, presidenta de Observatel y comentarista de Radio Educación
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