México está pagando las consecuencias por la pública abdicación del gobierno en el cumplimiento de sus obligaciones y facultades constitucionales para actuar contra los delincuentes. Esto le habría evitado el torbellino que le ha caído desde Estados Unidos, generado y agravado por la insostenible política de “abrazos, no balazos”.
Si Estados Unidos –ahora como acreedor interesado y más duro contra su vecino del sur— blande el garrote arancelario y exige respuestas, se antoja que sean menos retóricas y más proactivas, dirigidas no a evadir, sino a reconfigurar una agenda bilateral atendible en temas candentes como el narcotráfico y la migración, donde podrían delinearse nuevos objetivos comunes hacia una paz orgánica regional.
Una agenda correctiva podría comenzar por encontrar respuestas a partir de una revisión urgente del Programa Nacional para el Control de Drogas, de sus ejes nacionales, regionales e internacionales, de su catálogo de delitos, e incluso para focalizar mejor el funcionamiento previsor del sistema bancario mexicano y el rol de la UIF contra el blanqueo de activos ilegales.
¿Qué se hará en el plano regional e internacional para articular acciones convergentes hacia ese objetivo ideal de paz orgánica? ¿cuál puede ser la justa exigencia ante el gobierno de Trump para evitar al máximo la escandalosa venta de armas de todo tipo en su frontera sur y cuyos destinatarios naturales son las bandas de la delincuencia organizada promotoras de la violencia?
En lo interno, ¿hay posibilidades de reforzar las estructuras de justicia en estados y municipios para aumentar su eficacia y evitar la corrupción?
Una manifestación en el Zócalo “contra los aranceles” o nuevos rounds de sombra con un litigante quizá no logren frenar otra andanada de señalamientos sobre las consecuencias que están teniendo las graves pifias, por los errores y decisiones asumidas en México durante seis años de complacencia ante la delincuencia organizada.
Si la jefa de Estado interrumpe su agenda para convocar en Culiacán a una desconcertante y apresurada conferencia de prensa, (acompañada por un cabizbajo gobernador de Sinaloa), no está apagando un incendio sino arrojando más leña al fuego y enviando otro mensaje de fragilidad.
Aunque resulte molesto para el gobierno actual, es pertinente, responder entre otros hechos, ¿por qué ante el mismo capo hoy procesado en EU como testigo protegido México no ejerció su soberanía judicial y lo juzgó en México bajo las garantías que las leyes otorgan a quienes deciden colaborar con las autoridades? Hoy parece haberse perdido incluso el buen clima de la cooperación bilateral logrado tras la entrega de 29 delincuentes a los EU.
El intercambio de dimes y diretes en el estilo del arrebato personal no ayudará a encauzar las tensiones con el gobierno de Estados Unidos. Podría incluso agravarlas.
El oficialismo que hoy exige pruebas fehacientes por los dichos e inculpaciones lanzadas por un capo procesado, es el mismo que consideró como “un hito de la justicia" la sentencia de los tribunales de EU contra Genaro García Luna, con escenarios y pruebas semejantes.
Se necesitan resultados que signifiquen más seguridad y menos corrupción e impunidad y menos violencia. Si eso se logra, el gobierno caminará objetivamente por buen camino.
En los últimos 7 años con el mismo partido en el gobierno, el país ha registrado más de 200 mil homicidios, 98% de ellos impunes, con una violencia electoral que ha dejado en 2024 un saldo de más de 30 candidatos asesinados.
La Presidenta aún puede responder con transparencia y acciones y no con conferencias reactivas, a los enormes retos que se le avecinan.
Sin embargo, lo primero será que se decida a salir del heredado guion que le dejó su antecesor.
Notario, exprocurador General de la República
