La noche del sábado 21 de junio, todos los medios de comunicación reportaban una sola noticia: el presidente Donald Trump había ordenado el bombardeo de tres instalaciones nucleares en Irán, involucrando a Estados Unidos en el conflicto armado entre Israel e Irán. Además, este lunes 23 de junio se reportó que Irán respondió atacando una base militar estadounidense en Catar.
En un mundo donde los sucesos de gran relevancia global se difunden con rapidez, es fácil caer en la tentación de emitir una opinión sin ser expertos en el tema o sin tener el contexto necesario para hacerlo de manera responsable. Mientras la semana pasada se hablaba sobre redadas de migrantes en Los Ángeles, hoy el foco está en la geopolítica y la historia de Medio Oriente.
En esta columna no pretendo jugar el papel de internacionalista ni analizar a fondo la historia de Irán o la política exterior estadounidense. Sin embargo, sí puedo ofrecer un panorama general sobre una pregunta que muchas personas se han hecho a raíz de las noticias del sábado: ¿Fue legal que Donald Trump tomara la decisión unilateral de bombardear Irán?
La primera respuesta la podemos encontrar en la Constitución de Estados Unidos, que establece que solo el Congreso tiene la facultad de declarar la guerra, mientras que el presidente funge como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Algunos expertos sostienen que los padres fundadores buscaban, precisamente, separar el poder de declarar una guerra del poder de conducirla o defender al país ante ataques externos.
En 1973, tras los bombardeos ordenados por el presidente Richard Nixon en Camboya sin autorización del Congreso, se aprobó la Ley de Poderes de Guerra (War Powers Resolution). Esta ley busca reafirmar que el Poder Legislativo es el único legitimado para declarar la guerra, y obliga al Ejecutivo a rendir informes sobre cualquier operación militar. Además, establece que el presidente solo puede usar la fuerza armada en tres casos: cuando el Congreso declara la guerra, cuando aprueba una ley específica para ello o cuando se produce una emergencia nacional que requiera la defensa inmediata del país.
A pesar de esto, en las últimas décadas presidentes de ambos partidos —demócratas y republicanos— han ordenado operaciones militares unilaterales. Sus abogados han sostenido que, como comandante en jefe, el presidente puede hacerlo si determina que el ataque es de interés nacional y que su naturaleza, alcance y duración no constituyen una “guerra en sentido constitucional”. Este argumento fue empleado desde la administración de Bill Clinton y retomado por el equipo de Trump durante su primera presidencia para justificar el ataque a Siria en 2018.
Hasta ahora, la segunda administración de Trump no ha publicado un comunicado oficial que justifique jurídicamente los ataques del sábado. Sin embargo, en una conferencia de prensa, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró: “El presidente autorizó una operación de precisión para neutralizar las amenazas a nuestros intereses nacionales que representa el programa nuclear iraní y en defensa colectiva de nuestras tropas y de nuestro aliado, Israel”.
Por su parte, la Corte Suprema y los tribunales federales han desestimado demandas contra operaciones militares unilaterales al considerar que los demandantes carecen de legitimación y que se trata de una “cuestión política” que deben resolver los otros dos poderes del Estado. Sin embargo, el Congreso se ha convertido en un poder altamente ineficaz. Aunque los senadores Tim Kaine y Thomas Massie, junto con el representante Ro Khanna, presentaron una resolución para ordenar a Trump que detenga los ataques, hay dos obstáculos importantes: ambas cámaras tienen mayorías republicanas, y aun si se aprobara la resolución, el presidente puede vetarla.
El uso unilateral de las Fuerzas Armadas no es un problema que haya originado Donald Trump. Es un fenómeno que refleja la falta de acción y la ineficacia de los tres poderes para atender una situación que podría tener graves implicaciones políticas. Cuando el Congreso no actúa, los tribunales se desentienden y el Ejecutivo avanza sin restricciones, lo que está en juego no es solo la legalidad de un bombardeo, sino la salud misma de la democracia estadounidense. En este caso, parecería que los únicos límites reales al poder del presidente son los costos políticos de ejercerlo.
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