La semana pasada, Estados Unidos vivió un hecho catalogado como una verdadera censura a la libertad de expresión. El miércoles, la cadena de televisión ABC anunció la cancelación temporal del programa nocturno de Jimmy Kimmel, debido a comentarios del conductor sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Kimmel dijo: «La banda MAGA (el movimiento trumpista) está tratando desesperadamente de retratar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa que no sea uno de ellos y hacen todo lo que pueden para apuntarse puntos políticos con ello».
Ante esta declaración, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, participó en un pódcast donde amenazó con retirar licencias a las cadenas que producen el programa de Kimmel. «Esto se puede hacer de la forma fácil o de la forma difícil», advirtió el regulador, nombrado por Trump. «Estas compañías pueden encontrar la manera de cambiar de comportamiento y tomar acciones contra Kimmel, o habrá más trabajo para la FCC a partir de ahora», añadió, adelantando incluso la posibilidad de una “suspensión” del presentador.
Ese mismo día, la empresa que controla ABC, Nextar, anunció que suspendería el programa de Jimmy Kimmel. En un comunicado señalaron que los comentarios habían sido ofensivos e insensibles en un momento crítico para el debate político nacional, y se deslindaron de las opiniones y valores del conductor.
Este hecho se suma a la salida del aire del programa de Stephen Colbert, cuya cancelación se atribuyó a motivos presupuestales. Sin embargo, la noticia se conoció al mismo tiempo que la cadena CBS, que transmitía su programa, llegaba a un acuerdo para indemnizar con 6 millones de dólares a Donald Trump por una entrevista realizada durante la campaña electoral. Muchas personas —incluida la exvicepresidenta Kamala Harris— consideraron dicho hecho como un soborno.
En ambos casos, el presidente Trump celebró las suspensiones y felicitó a las cadenas de televisión por sus decisiones. Esto, además de constituir una amenaza para otros presentadores y medios, representa un claro bloqueo a la libertad de expresión en Estados Unidos. Resulta inexplicable que Trump, quien durante su campaña se presentaba como un defensor de la libertad de expresión y acusaba a sus detractores de intentar silenciarlo, hoy utilice los aparatos estatales para acallar voces críticas. Incluso podría compararse con la decisión de Twitter de cerrar definitivamente su cuenta tras la insurrección en el Capitolio el 6 de enero de 2021, medida que incluso podríamos considerar arbitraria.
Ya en el poder, el presidente está utilizando todos los recursos institucionales a su alcance para silenciar a quienes intentan exhibir sus arbitrariedades. La censura va mucho más allá de dos presentadores de televisión: incluye el despido de funcionarios públicos independientes y técnicos, la represión de protestas ciudadanas, el uso irregular de la Guardia Nacional y la negación del acceso a la justicia para personas migrantes.
Este lunes, ABC anunció que el programa de Jimmy Kimmel regresará al aire. Pero el verdadero problema no es ese. La preocupación radica en las múltiples formas en que el titular del poder ejecutivo está alimentando el discurso de odio y asfixiando las escasas alternativas que aún existen para disentir y expresar el desacuerdo con su gobierno.
