El exagente del Cisen José Antonio Sánchez Ortega, considerado hace 31 años como el segundo tirador en el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, fue detenido el sábado pasado en Tijuana. La detención ocurrió a poco más de diez kilómetros de Lomas Taurinas: el sitio donde se llevó a cabo el mitin en el que Colosio fue asesinado el 23 de marzo de 1994.
Minutos después del atentado contra Colosio, Sánchez Ortega fue aprehendido por policías municipales que le vieron dos manchas de sangre en la chamarra de color blanco que portaba aquel día. Esos policías declararon que no había opuesto resistencia, que estaba desarmado y que se había conducido con absoluta tranquilidad.
Ante el agente del ministerio público Jesús Romero Magaña, Sánchez Ortega declaró que trabajaba en el Cisen, que lo habían comisionado para cubrir el mitin de Colosio, que lo vio llegar al aeropuerto de Tijuana y que de ahí se fue a Lomas Taurinas a esperar a la comitiva.
Relató que al llegar al lugar dejó estacionado a 750 metros del templete el vehículo oficial que conducía, “por no habérsele permitido la entrada”. Que una vez ahí comenzó a buscar a su compañero Moisés Aldana Pérez y que al no hallarlo se metió al baño de una primaria, luego compró en un estanquillo algo de comida. Dijo que cuando Colosio se retiraba del lugar observó a unos 200 metros movimientos anormales, que encontró a Moisés Aldana, quien le dijo “que al parecer se trataba de una balacera”, pero que él no escuchó ningún disparo, “por la distancia a la que se encontraba y por la música que se escuchaba”.
Que se dirigió a su coche para informar por radio lo que ocurría, y que en el trayecto vio cuando pasaban a Colosio de una blazer negra a una ambulancia. Según el informe especial del caso, Sánchez Ortega “se percató de que Colosio venía herido y ensangrentado”. Dijo que al acercarse para ayudar a cargar al candidato, una de las personas que trasladaban a Colosio le manchó la manga izquierda sin que él se diera cuenta. Eran solo dos minúsculas gotas. Más adelante dijo que quizá al subir al herido a la ambulancia se manchó la chamarra.
Sánchez Ortega le reportó los hechos por radio al subdelegado del Cisen Alejandro Ibarra Borbón. En ese momento los municipales lo vieron y lo esposaron a la puerta de la unidad.
Tanto Ibarra Borbón como Moisés Sánchez corroboraron punto por punto su declaración. Este último vio cuando lo detuvieron, pero prefirió no acercarse.
Su extraordinario parecido con Mario Aburto, el hombre que disparó dos veces contra Colosio, fue uno de los factores que fortalecieron la idea de que el candidato presidencial había sido víctima de un complot. Para aumentar las sospechas, aunque Sánchez Ortega declaró que no había disparado un arma en por lo menos dos años, la prueba de radizonato de sodio que le practicaron en las manos resultó positiva. Fue señalado como “el segundo tirador” (aunque el cuerpo de Colosio presentaba solo las dos balas que disparó Mario Aburto), y también —aunque Aburto admitió ser el autor de los dos disparos que recibió el candidato— como “el otro Aburto”: el agente del Estado que había llevado a cabo el magnicidio y que luego fue protegido por sus jefes.
El caso acumuló más de 70 mil fojas y fue investigado por cuatro fiscales. El último de estos, Luis Raúl González, llevó a cabo una de las investigaciones más completas en la historia de México: los tomos de la investigación están disponibles y pueden ser consultados por cualquiera.
Se comprobó con videos, fotografías y declaraciones de testigos, que Sánchez Ortega nunca estuvo cerca de Colosio. Muchos de los que hace 31 años investigaron al exagente siguen vivos. No hallaron evidencia de que hubiera existido un segundo tirador. Se acreditó pericialmente que Aburto había hecho los dos disparos —cosa que fue corroborada por decenas de testigos. Por lo demás, la hipótesis de la suplantación fue revisada de manera exhaustiva y descartada de manera contundente.
La investigación reveló que el positivo en la prueba de radizonato “solo constituye evidencia de que (el ex agente) tuvo bario o plomo en las manos”. El expediente señala que varios testigos lo vieron limpiarse el polvo de los zapatos con las manos, y que los agentes que lo esposaron tuvieron contacto con sus manos.
Le buscaron arriba y abajo. No le hallaron propiedades ni cuentas de banco. Lo investigaron desde la primaria. En sus trabajos —en el CREA de Tijuana, en el Diario de Baja California, y en un despacho jurídico— lo definieron como “una persona correcta y trabajadora”.
El gobierno de López Obrador llegaba a los 170 mil asesinatos, no había logrado resolver el caso Ayotzinapa, ni ninguno de los que estallaron durante su sexenio. Tenía encima el escándalo de Segalmex, con más de 50 denuncias penales presentadas ante la FGR. Consideró entonces que el caso Colosio era “un asunto de mucha relevancia, muy triste y lamentable, y muy dañino para la República”, y volvió a hablar del segundo tirador, cosa que cuatro fiscales habían desechado y ordenó al fiscal Alejandro Gertz buscar indicios del caso.
Según AMLO, el subdirector del Cisen en 1994, Genaro García Luna, había sacado de Tijuana, y protegido, al segundo tirador. Ningún juez consideró relevante “el gran acervo de pruebas” presentado por al FGR. Durante el último año de su sexenio, López Obrador sacó el caso una y otra vez y exigió que se investigara como crimen de Estado. Una y otra vez, las pruebas de la FGR fueron consideradas como “inoperantes”. AMLO creó “el equipo especial de investigación y litigación para el caso Luis Donaldo Colosio Murrieta” cuando habían pasado 30 años y la única evidencia sólida era que Aburto fue el único asesino material.
Con el gobierno de Claudia Sheinbaum en llamas por los escándalos del huachicol, el involucramiento de gobernadores y otros colaboradores con el crimen organizado, las ejecuciones de alto impacto, las extorsiones por todo el país y el asesinato del alcalde Carlos Manzo, Sánchez Ortega ha sido detenido.
Pronto sabremos qué dice “el gran acervo de pruebas” sobre este asunto “triste, lamentable y muy dañino para la república”.