Prostitución por catálogo, cobros de “renta” por ocupación de celdas, cobro de piso a personas privadas de la libertad que comercializan alimentos y otros productos como chicharrones y papas, extorsiones de hasta mil pesos para que familiares puedan visitar a algunos internos.
La agobiante realidad que se vive día con día en el centro penitenciario y de reinserción social de Santiaguito de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, ha sido denunciada por organismos defensores de derechos humanos, por familiares de internos, por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, e incluso por funcionarios que laboran en dicho centro.
Nada cambia y nada se mueve, sin embargo.
De acuerdo con denuncias que funcionarios del centro penitenciario han hecho llegar a este espacio, en medio de la crisis de desabasto que azota actualmente el Valle de Toluca, hasta el agua tiene precio en Santiaguito. Desde octubre pasado, los internos carecen de agua no solo para su aseo personal, incluso para ingerirla y debe ser comprada al grupo de internos que, en complicidad con autoridades, controlan el centro.
Los “negocios” y los cobros se hacen de manera abierta. En uno de los dormitorios se ha abierto una barbería. El corte de pelo cuesta 50 pesos: solo 25 son para quienes laboran en ese sitio: el resto “se reparte entre líderes delincuenciales y funcionarios. En los comedores ya se cobra la entrada. Existe también el proyecto de convertir uno de estos en un gimnasio, “con costo mensual”.
“Ya compraron la cárcel”, denuncian funcionarios que revelan la colusión tanto del jefe de vigilancia como del director del centro, Luis Guadalupe León Aceves, con figuras de la delincuencia que dominan Santiaguito. “Desde la llegada del nuevo director al centro, se encuentra una persona privada de la libertad como su acompañante en recorridos y visitas a todos los sectores”. Esta cercanía, indican, coincide con el ascenso en cobros y extorsiones.
En julio pasado se anunció la detención de un “objetivo prioritario”, Luis Alberto “N”, alias El Chino, identificado como uno de los líderes del “Sindicato Los 300”, organización vinculada con el despojo y la extorsión en el Estado de México.
Luis Alberto “N” operaba en Tecámac y Ecatepec bajo las órdenes de Luis Alfaro, alias El Conejo. Tras su detención fue trasladado a Santiaguito.
Una ficha de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señala que Los 300 se han apoderado hoy de Santiaguito, uno de los centros penitenciarios más conflictivos del Edomex.
El diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria realizado en 2024 por la CNDH señala que en este centro, con capacidad para 1,781 hombres y 438 mujeres, se hacinan en la actualidad más de 5 mil internos.
Existen deficiencias en los servicios de salud, deficiencias en la alimentación, deficientes condiciones materiales y de higiene en alojamientos, cocina y comedores, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, presencia de actividades ilícitas y deficiente separación entre procesados y sentenciados.
Hay también inadecuada clasificación de personas privadas de la libertad, e insuficiencia o inexistencia de actividades educativas, entre otras carencias.
Según denuncias que se han hecho llegar incluso a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la prostitución por catálogo dentro de Santiaguito es una realidad, a través de pagos que van de 500 a 2,500 pesos por sexoservicio.
Apenas en agosto pasado, familiares de personas privadas de la libertad denunciaron la red de extorsiones que, “con autorización de los directivos” opera al mismo tiempo desde el penal de Texcoco, donde 18 internos llevan a cabo amenazas, cobros indebidos y venta de protección a internos y sus familias. A pesar de haber presentado quejas ante diversas instancias del estado, la situación se mantiene.
Hace unos meses, en este mismo espacio se hizo referencia a las denuncias de custodios y comandantes sobre la maquinaria de corrupción que ahoga los penales de Barrientos, Ecatepec, Neza y Chalco, en donde todo absolutamente tiene precio: desde el acceso a medicamentos hasta el uso de teléfonos celulares, y en donde se paga hasta por lavar la ropa.
Según la información publicada en esa ocasión, el dinero de las extorsiones llegaba a los altos funcionarios de la Dirección de Prevención y Readaptación Social y de la Subsecretaría de Control Penitenciario.
La situación denunciada en Santiaguito indica que solo se apuesta al olvido, hasta que el hartazgo y la asfixia hagan estallar la denuncia siguiente.
@hdemauleon