En medio del escándalo que envuelve a la Marina con una poderosa red de tráfico de huachicol operada desde los más altos niveles durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y los primeros meses de este, hay ya todo un rosario de muertes.
La más reciente, durante una supuesta “práctica de tiro real”, es la del capitán Adrián Omar del Ángel, en Puerto Peñasco, Sonora. Su extraña muerte ocurre un día después de que otro marino, el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, director de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, al que se señaló de haber formado parte de la red de tráfico de huachicol y haber recibido al menos cien mil pesos de manos del capitán de corbeta Miguel Ángel Solano, fuera encontrado con un balazo en el pecho en sus oficinas, como consecuencia de un aparente suicidio.
El nombre del capitán Pérez Ramírez acababa de aparecer unas horas antes en la lista de elementos de la Marina que habían recibido dinero a cambio de permitir el desembarco de buques cargados con combustible que ingresó al país de forma ilegal. El fiscal Alejandro Gertz Manero dijo que su muerte obedecía, sin embargo, a “una situación totalmente de orden personal” y que no hay pruebas de que se haya debido a la investigación que lleva el gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que no hay “certeza” de que hubiera estado involucrado en el delito de huachicol fiscal.
Adrián Omar del Ángel Zúñiga, el otro marino muerto en menos de 24 horas, durante la supuesta práctica de tiro, había estado al frente de la aduana de Manzanillo, Colima, donde estuvo adscrito en 2023 y de la que fue removido “por un acuerdo” con el entonces secretario Rafael Ojeda.
A esa misma aduana llegó como subdirector, procedente de la aduana de Matamoros, Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias, al que ejecutaron, también en 2023 y también en Manzanillo, dos semanas después de su llegada al cargo y luego de haber denunciado amenazas de muerte.
Fue también en Manzanillo, Colima, donde estuvo adscrito el contralmirante Rubén Guerrero Alcántar, al que asesinaron en noviembre de 2024, poco después de denunciar en una carta dirigida al Almirante Rafael Ojeda que su sobrino político, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, imponía mandos en las aduanas y permitía el ingreso al país del llamado huachicol fiscal y otras mercancías ilegales.
Guerrero Alcántar fue ejecutado en Manzanillo con una pistola Águila calibre 9 mm, por dos sicarios que se desplazaron en moto. Con una pistola de la misma marca y el mismo calibre, y de hecho con el mismo modus operandi, habían asesinado 18 días antes, en el Barrio V del Valle de las Garzas, también en Manzanillo, a la agente de la Fiscalía General de la República, Magaly Janet Nava Ramos. Su homicidio ha sido vinculado por las autoridades con el del capitán Guerrero Alcántar.
Al rosario se suma una muerte más, cometida en la carretera que va de Colima a Jalisco: la del empresario Ángel Arnoldo Ramírez Salinas, quien había sido considerado el sucesor del Rey del Huachicol, Sergio Carmona (su dirección fiscal era la misma que la de Carmona), y que fue asesinado días después del decomiso histórico de 10 millones de litros de diésel que se hallaban almacenados en una empresa de fletes: la de Roberto Blanco Cantú o Roberto Brown Cantú, cercano al gobierno de Américo Villarreal a través de la senadora morenista Olga Sosa (quien había sido a su vez, una de las principales operadoras del Rey del Huachicol).
En 2019, Andrés Manuel López Obrador dijo que había enviado a Manzanillo una comitiva de alto nivel para limpiar la aduana de corrupción. “Ya se acabó el negocio y el contubernio”, dijo. “En el caso de Manzanillo se va a limpiar por completo”. El entonces presidente de Morena, Mario Delgado, quien irónicamente sería vinculado más adelante con el Rey del Huachicol, quien antes de ser asesinado financió las campañas políticas de Morena en al menos cinco estados, publicó un video en el que celebró la llegada de la “transformación” a Manzanillo.
“Manzanillo durante mucho tiempo estuvo secuestrado por la corrupción. Con el gobierno de la 4T, el presidente Andrés Manuel López Obrador empezó a limpiar de corrupción las aduanas y los puertos del país… Era tan fuerte esa red de corrupción que el presidente tuvo que promover una ley para que sea la Secretaría de Marina la encargada de manejar los puertos para evitar el contrabando ilegal, el tráfico de armas y la corrupción. ¡Colima huele a transformación!”, dijo Delgado.
No pasó mucho tiempo para que, en la aduana por donde ingresa el 44% de las importaciones, la segunda más importante del país, surgieran denuncias de corrupción que implicaban, desde a altos mandos de la marina, hasta funcionarios civiles y agentes aduanales: según estas denuncias, en al menos 80 ocasiones se permitió el ingreso a gran escala de productos ilegales.
Un nuevo cártel surgió en aduanas y puertos durante el sexenio de López Obrador. El gobierno federal atribuye el rosario de muertes a otras causas. En la misma Marina hay otra idea: a los que conocen los detalles del escándalo del huachicol, alguien los anda callando.