Como lo ha venido haciendo desde el 2014, el pasado jueves 23 de abril, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) hizo del conocimiento público el Informe 2024 sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, frente a la violencia que se ejerce en su contra en razón de su labor. El informe es relevante en tanto que constituye un diagnóstico de la violencia ejercida en contra de quienes defienden el medio ambiente, por lo cual es de suma importancia contar con datos duros e información que permitan conocer a detalle la gravedad de la situación en México.
Se contabilizaron 94 eventos de agresión con 236 agresiones específicas durante el año 2024, lo que si bien implica una reducción respecto del 2023, en el que se documentaron 123 eventos y 282 agresiones específicas, no significa que la situación en el país haya mejorado, pues el 2024 se posicionó como uno de los más letales en los últimos años. Las agresiones más comunes fueron: intimidación con 27 casos, hostigamiento con 23, homicidio con 25 casos, estigmatización y criminalización con 20 y difamación con 19 casos. Observamos que la criminalización es una de las formas en que más se agrede a las personas defensoras y se coloca como un mecanismo perverso para obstaculizar o impedir la labor de defensa de los derechos humanos ambientales.
Si comparamos las cifras de las víctimas de agresiones letales en los últimos años, en el 2024 fueron 25, en el 2023 fueron 21, en el 2022 fueron 31 y en el 2021 fueron 28. Desde el 2020 al 2024, 123 defensores ambientales perdieron la vida, algo inaceptable e insostenible. Las víctimas principales de estos ataques fueron nuevamente los pueblos y comunidades indígenas ya que el 45.7% de las agresiones fueron en su contra. Por sector, el mayor riesgo de agresiones se ve en: 1) Agropecuario, con 14 casos; 2) vías de comunicación, con 13 casos; 3) sector forestal, con 12 casos. Hay igualmente agresiones relacionadas con el sector urbano, el turístico y por la defensa de la biodiversidad, entre otros sectores.
Los agentes perpetradores son: El Estado (policías estatales y municipales, fiscalías estatales, Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina y Guardia Nacional), teniendo alguna participación en 62 eventos de agresión, seguido del sector privado cuya participación en eventos de agresión ha aumentado considerablemente este año, sobrepasando incluso a la delincuencia organizada, ascendiendo a 25 eventos de agresión y la delincuencia organizada con 17 casos. En 14 casos no es posible identificar al agente perpetrador.
¿Qué hace falta? Entre muchas otras cosas, y como hemos venido insistiendo de manera reiterada durante los últimos años, es necesario: 1) Evitar a toda costa la impunidad, pues ha habido una omisión y un silencio sepulcral ante las diversas agresiones aquí expuestas sin que las agresiones ya mencionadas se investiguen y sancionen. 2) Construir, implementar y supervisar una política pública integral de debida protección a los defensores ambientales. 3) Es necesario mejorar y fortalecer el mecanismo para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos con los recursos financieros, materiales y el personal suficiente que les permita hacer su trabajo adecuadamente. 4) Hay que implementar en México de manera efectiva el Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información, participación y a la justicia ambiental, resaltando el artículo 9 relativo a los defensores ambientales y en el cual se establecen como obligaciones de los Estados, incluido México, el que:
Se garantice un entorno propicio y seguro para que los defensores ambientales puedan hacer su trabajo sin amenazas ni restricciones. Se tomen medidas adecuadas y efectivas para proteger el derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad de expresión. Se prevengan, investiguen y sancionen ataques, amenazas e intimidaciones que sufren los defensores.
Tomando en cuenta todo lo anterior, es más que claro que se mantiene una violencia estructural y generalizada en contra de quienes defienden el medio ambiente y el territorio de nuestro país. Esto es altamente preocupante, por lo que debemos de exigir, de manera respetuosa, que en México existan las garantías efectivas de protección a los derechos humanos ambientales. Esperamos que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tenga la sensibilidad suficiente y necesaria para atender este enorme pendiente y que se contribuya desde los tres niveles de gobierno a la defensa y debido cuidado de los defensores ambientales. ¿Le darán desde el gobierno federal la prioridad que este tema se merece?
Fundador y Director Ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA)
