El magnicidio de Carlos Manzo, ocurrido en pleno festejo del Día de muertos en Uruapan, Michoacán -y que sucedió tan sólo 9 días después del del activista y líder de los productores de limones, Bernardo Bravo, en Tierra Caliente- ha resultado ser un detonador importante de la exigencia social de mejorar la paz.
El dolor y la indignación por el homicidio de Manzo, propiciaron un gran movimiento social que llevó a que miles de michoacanos manifestasen su hartazgo ante la violencia que viven en carne propia y que expresasen su sensación de abandono de parte del Estado.
En particular la crítica y molestia social se dirigieron en contra del gobierno estatal y el Ejecutivo Federal.
En atención a ello, el pasado 9 de novieimbre la presidenta Sheinbaum presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una política pública que incluye 100 acciones para pacificar la entidad.
Dicha política pretende atacar las causas que han generado la violencia en la región y reaccionar a los delitos mediante el uso de inteligencia, de manera coordinada entre las instituciones.
El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se estructura en 12 ejes: seguridad; desarrollo económico con bienestar; infraestructura carretera; agua potable, riego y saneamiento; programas de bienestar; educación; salud; vivienda; cultura; mujeres; jóvenes; y planes de justicia para pueblos indígenas.
Según las declaraciones oficiales, para ello se planea invertir más de 57 mil millones de pesos, -de los cuales 37 mil 450 millones son de programas sociales-.
Las preguntas que surgen son obvias: ¿el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia es diferente a los planes que antes se ejecutaron en la entidad? ¿Se puede confiar en que esta vez se logrará solucionar la crisis de violencia en Michoacán? De no ser así ¿qué de dicho plan es rescatable y qué debería fortalecerse?
El primer elemento a considerar es que es indudablemente positivo que se ponga en marcha una política pública enfocada a la problemática de una entidad donde diariamente ciudadanos, activistas y empresarios de sectores tan diversos como el campo, el transporte de carga o el sector comercial, denuncian la violencia y el abandono institucional que sufren en carne propia.
Pese a una narrativa que busca ser diferente, el “nuevo” plan es muy similar aquellos implementados en la entidad en los sexenios de Calderón y Peña ¡y no podría ser de otra manera! El Estado tiene ciertas obligaciones ineludibles y ciertos límites a su función.
Cualquier gobierno debe ceñirse a los límites que la ley le mandata, cualquier programa -serio- de seguridadd debe incluir la prevención, la captación de denuncias, la atención a las víctimas, la reacción sustentada en inteligencia y se debe llevar a cabo de manera ordenada y coordinada entre las diversidad autoridades.
Asimismo, debe buscar el rescate de la sociedad mediante la educación, mediante la cultura de la legalidad y de paz, al tiempo que debe evitar que la economía local colapse.
Respecto a los planes anteriores ¿este logrará ser el que definitivamente recupere la paz? Parece poco probable.
El actual plan carece de cuatro componentes fundamentales: (1) una política seria de desmantelamiento de las estructuras de corrupción y colusión; (2) un programa de reconstrucción institucional; (3) dinero y (4) tiempo.
(1) Así como lo denunció tantas veces Carlos Manzo, para que en un municipio, una región o una entidad, los grupos delictivos puedan controlar con absoluta impunidad el territorio, se requiere necesariamente la colusión con autoridades corrompidas. Si no existiesen esas redes, los delincuentes podrían controlar alguna actividad ilícita más no tanto territorio ni tantos negocios legales e ilegales.
Por ende, si se busca una solución definitiva en Michoacán, se debe necesariamente investigar profunda y objetivamente la actividad de los servidores públicos para identificar y luego sancionar a aquellos que se demuestre que hayan estado involucrados en complicidades con los delincuentes.
Desde 2013 a la fecha los cambios institucionales sin sustento metodológico y los recortes presupuestales han afectado gravemente la capacidad de operar de las instituciones de seguridad y justicia. Lamentablemente, tales decisiones nos han llevado a que las policías y fiscalías de casi todo el país sean menos efectivas, estén menos capacitadas, cuenten con menos equipamiento y sean menos confiables que aquellas que teníamos en 2012 o en 2018.
(2) Es imposible que las Fuerzas Federales logren por sí solas desarticular el sin fin de bandas y grandes grupos criminales que operan en Michoacán sin la colaboración e integración de las instituciones locales.
Recuperar Michoacán requiere obligatoriamente -que una vez que se haya hecho limpieza en las instituciones- reconstruir y mejorar las competencias, las condiciones laborales, el equipamiento y ello requiere de (3) recursos y (4) tiempo -muchos recursos por varios años-.
Si hacemos memoria podemos concluir que los planes anteriores, los de Calderón y Peña sí lograron por un tiempo reducir la incidencia de delitos y violencia.
Sin embargo, ante la mera subsidiaridad del gobierno federal hacia los gobiernos locales, la falta de fortalecimiento de éstas últimas, el cortoplazismo de las actividades y la distracción de personal y recursos hacia otras entidades en crisis, no permitió que dichos esfuerzos se convirtiesen en una transformación definitiva de las condiciones de la entidad.
Si bien el Ejecutivo Federal afirma que se destinarán 57,000 millones de pesos a la ejecución de este plan, parece que éstos en realidad serán los que ya estaban planeados para invertir en la entidad.
Si se analiza con detalle el Presupuesto de Egresos de 2026, no se encuentran recursos extraordinarios para el Plan como tampoco se ha propuesto medidas recaudatorias extraordinarias para financiar actividades de pacificación en Michoacán o tan siquiera se haya presentado un diagnóstico específico de cuántos recursos se requerirían para erradicar la violencia en dicha entidad.
Por ende, se puede concluir que el envío de diez mil efectivos de las Fuerzas Federales a la entidad y la supervisión por parte del gabinete de seguridad, tendrán un efecto positivo en reducir por algún tiempo, ciertos brotes de violencia en Michoacán.
No obstante, si la idea es pacificar definitivamente a la entidad, se deben enriquecer el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia con un sólido acento en anticorrupción, con un ambicioso proyecto de reconstrucción de las instituciones locales de seguridad y justicia y con la suficiente inversión de tiempo y dinero para que todo ello se cristalice.