El nuevo poder judicial cumple un mes y medio desde su arranque, uno que ha estado marcado por evidencias de errores, mal ejercicio de la profesión y excesos por parte de los jueces, magistrados y ministros “del bienestar”.
Indudablemente México requería de una reforma que permitiese abatir la impunidad y proteger a las víctimas del país, una reforma que incentivase la denuncia ciudadana, que partiese de resolver las deficiencias de investigación de los delitos, que protegiese cabalmente a las víctimas, que se sustentase en el debido proceso y garantizase la independencia y profesionalismo de quien administra justicia.
Por décadas los mexicanos fuimos testigos de cómo las deficiencias de procuración y administración de justicia fueron la gasolina para que la impunidad y los delitos aumentase, al tiempo que se debilitaba del Estado de Derecho.
Sin embargo, a un mes y medio del arranque del “nuevo Poder Judicial” todo apunta a que este nuevo sistema es mucho peor respecto al anterior, que la impunidad va a crecer aún más -y por ende los delitos y la violencia-.
La reforma de justicia que se planteó se centró únicamente en modificar el mecanismo de acceso a los cargos de los juzgadores, sin resolver las deficiencias de toda la cadena de justicia.
De hecho, ni el Legislativo ni el Ejecutivo han subsanado los efectos negativos de 7 años de recortes continuos a las policías y fiscalías de todos los niveles de gobierno. No han propuesto soluciones ante las deficiencias del estado de fuerza, a la falta de controles de confianza, a las pésimas condiciones laborales y salariales, a la pobre capacitación, ante el insuficiente equipamiento o la ausencia de programas efectivos que combatan la corrupción.
Es decir, la reforma de justicia que se planteó olvidó atender las causas del conjunto de problemas que inhiben su acceso para los ciudadanos y simplemente se centró en la idea que elegir popularmente a jueces, magistrados y ministros garantizaba la honestidad y/o efectividad de los juzgadores.
Si todo ello no fuese suficientemente malo, se sumó un proceso electoral plagado de irregularidades que deberían haber llevado a la invalidación de toda la elección y no a su implementación.
Es así que para sorpresa de nadie, en las últimas 6 semanas hemos sido testigos de toda clase de errores, deficiencias y abusos de los nuevos juzgadores electos. Mala praxis que avizoran el empobrecimiento de un ya muy deficiente sistema de justicia.
En el máximo tribunal del Estado hemos visto cómo algunas ministras que repitieron y algunos integrantes nuevos, cometen errores una y otra vez o dependen totalmente de sus decenas de asesores o de la Inteligencia Artificial para poder sustentar sus participaciones.
Sin embargo, los mayores problemas se presentan debido a la inexperiencia y errores de los recién electos jueces y magistrados en los tribunales de todo el país.
En videos se ha captado cómo abogados defensores y a ministerios públicos se ven obligados a corregir a los nuevos juzgadores; cómo algunos jueces federales se han visto obligados a decretar un receso y retirarse de la audiencia por no poder conducirla de manera adecuada; cómo jueces amenazan a sus contrapartes al verse exhibidos en sus errores; cómo han absuelto por error a demandados o -peor aún- cómo un juez vinculó a proceso a una víctima en vez de que a un imputado.
Este último caso, resume todo lo que estuvo mal en el proceso de implementación de la reforma al poder judicial: un joven de 24 años, que exhibía su cercanía con el régimen morenista, que había sido objeto de impugnaciones por no cumplir con los requisitos de experiencia, resulta electo como juez y en plena audiencia confundió a la víctima con el acusado y la vinculó a proceso por fraude.
Ante ello ¿qué podemos esperarnos los mexicanos de nuestro acercamiento a la justicia? Con mayor razón si consideramos que son muchos los juzgadores electos que desde un principio no contaban con los requisitos de experiencia o conocimiento necesarios para desempeñar el cargo.
Peor aún ¿cómo confiar en juzgadores con conflictos de interés evidentes, señalados por ilícitos o irregularidades?
Casos como el de la exabogada de “El Chapo” Guzmán, quien fue electa como jueza penal en Chihuahua; el de la exabogada de “El Trompas”, integrante de la Unión Tepito, quien resultó electa como jueza de distrito en materia penal en Ciudad de México o el de un ex delegado del Instituto Nacional de Migración quien fue electo como magistrado en el Tribunal Superior de Justicia de Yucatán y estuvo acusado de proteger una red de trata y explotación sexual.
Casos como el de un recién electo magistrado en materia civil en Sonora quien fue denunciado por acoso laboral, hostigamiento sexual y abuso de poder o el de dos magistrados de circuito en Nuevo León, uno acusado de acoso a estudiantes cuando se desempeñaba como docente universitarios y el otro registrado como deudor alimentario.
O casos como los de una ex agente de la Fiscalía del Estado de México quien fue denunciada por haber cometido detenciones arbitrarias y tortura y hoy es jueza penal local por la Ciudad de México o el de la jueza más votada de Baja California, quien cuando se desempeñaba como ministerio público, fue cesada por fabricar pruebas en contra de imputados.
En resumen, un panorama poco alentador, donde todo induce a pensar que empeorará la justicia, aumentará la impunidad, la corrupción y la violencia.
¡Ojalá los poderes Ejecutivo y Legislativo evalúen objetivamente dicha reforma y planteen soluciones, aunque ello implique gastar de nuevo miles de millones de pesos y paralizar los procesos de acceso a la justicia para millones de mexicanos.
