El pasado jueves 27 de noviembre presenté mi renuncia a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. El haber formado parte del Gabinete de la primera Presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, aparte de ser un gran honor, es uno de los privilegios más importantes de mi vida como servidora pública. Es una experiencia que llevaré con mucho orgullo en mi corazón. Por tanto, quiero informar a mis queridas y queridos lectores y al pueblo de México, sobre el trabajo realizado en este productivo año.
Desde el día uno del gobierno de la Presidenta de la República, emprendimos una reingeniería jurídica del orden constitucional y legal. La primera gran tarea fue una reforma sustantiva a la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Federación cuya finalidad consistió en construir un nuevo andamiaje jurídico del Gobierno de la República para crear nuevas Secretarías y dotar de facultades sustantivas a otras, para que contaran con atribuciones que les permitieran ejecutar planes, acciones y programas dentro del marco de la administración pública federal.
A la par, abordamos la corrección de las reformas constitucionales ilegales derivadas del régimen neoliberal y emprendimos reformas constitucionales legales que marcan un hito en la historia jurídica de México, pues se incorporan al marco del "Nuevo Derecho Constitucional Mexicano", que se concibe como un dinámico vehículo para la transformación social y el abatimiento de la desigualdad. Su propósito esencial es servir a la soberanía popular, la dignidad nacional, el interés general, la seguridad energética y la noción irrenunciable de lo público.
El objetivo último de este paradigma jurídico es fomentar el progreso compartido, redefiniendo el contrato social en favor de los derechos colectivos sobre los intereses particulares. Con esto, se consolidan a nivel constitucional y legal derechos fundamentales en materia de bienestar, justicia, igualdad sustantiva, vivienda adecuada, protección animal, seguridad alimentaria, soberanía energética, acceso a tecnologías de la información, simplificación administrativa y orgánica, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, protección de la salud, seguridad pública, búsqueda de personas y soberanía popular, entre otros.
Desde la Consejería colaboramos en 39 iniciativas presentadas, seis reformas constitucionales de gran calado, 16 nuevas leyes y 27 modificaciones a leyes secundarias, 21 reglamentos, 636 Decretos, Acuerdos e Instrumentos administrativos para garantizar legalidad y certeza jurídica de las disposiciones presidenciales y 2,993 asuntos atendidos en materia de control constitucional y de lo contencioso en defensa de los intereses de la nación.
Desde el espacio institucional que me corresponda asumir, sostendré la misma convicción: que ningún criminal -sea de cuello blanco o delincuencia organizada—pueda encontrar refugio si es culpable. Porque bienestar, seguridad y justicia son, juntos, el corazón del país que estamos construyendo.
Quiero agradecer infinitamente a todo el equipo jurídico de la Consejería Jurídica y en general de la Administración Pública, mujeres y hombres honestos, responsables, cuya convicción cotidiana es el amor a la Patria.
Encargada de despacho de la FGR