En una democracia, la información pública de calidad no es un accesorio: es un derecho de las personas y la condición mínima para exigir cuentas a los gobiernos en turno. Si no sabemos qué funciona y qué fracasa, estamos condenados a vivir bajo el discurso oficial, sin posibilidad de contrastarlo con la realidad. Eso es exactamente lo que está ocurriendo hoy en México en materia educativa.
Mientras que en sectores como la economía, la salud y la seguridad los resultados de las políticas públicas se perciben casi de inmediato, en educación los efectos son invisibles y de largo plazo. En economía, es fácil apreciar si hay mayor inflación o si se deprecia la moneda; en salud, si se cuentan con los hospitales, doctores y medicamentos que se requieren y, en seguridad, si hay mayor criminalidad en nuestros alrededores. Sin embargo, en educación es difícil saber si los estudiantes son atendidos adecuadamente y si se logran los objetivos de aprendizaje, señalados en los planes y programas de estudio. Esto se complica más si hay una política gubernamental de no reprobar a los estudiantes. Por lo que no nos debe de extrañar que 7 de cada 10 alumnos de 15 años no adquieran las habilidades y conocimientos básicos en matemáticas y que la mitad no pueda comprender lo que lee.
Por eso, desde hace décadas, algunos países decidieron crear sistemas de información educativa que orientara al gobierno a mejorar la calidad de la educación. Este es el caso del programa Evaluación Nacional del Progreso Educativo (NAEP), de los Estados Unidos, que fue creado hace más de cinco décadas y que funciona como brújula para orientar el rumbo de sus políticas educativas (aunque hay que decir, que este programa se ha debilitado con el gobierno actual). Bajo este principio, a inicios de siglo, México tomó la determinación de evaluar a su sistema educativo y de transparentar sus fortalezas y debilidades. Sin embargo, el gobierno de la llamada 4T ha decidido dar marcha atrás. Primero, López Obrador eliminó al INEE y debilitó al organismo que lo sustituyó (Mejoredu); segundo, Sheinbaum eliminó a la Mejoredu, así como a otros organismos autónomos que generaban información educativa; tal es el caso del Coneval; tercero, recientemente, han desactivado los portales que alojaban los archivos históricos y bases de datos generados a lo largo de 23 años; y, cuarto, México se ha ido retirando de todos los estudios internacionales comparativos de aprendizaje, como es el caso de LLECE.
El ataque en contra de la información educativa no sólo ha sido institucional, sino también ideológico. Desde Palacio Nacional se instaló la narrativa de que las evaluaciones educativas son “innecesarias”, “neoliberales” o “punitivas”. Con esta narrativa, el secretario de educación pública ha desestimado los resultados de PISA (la única fuente de información extra gubernamental que nos queda), aseverando que este instrumento no proporciona información útil para la Nueva Escuela Mexicana. Asimismo, se ha llegado al extremo de empezar a utilizar a los Consejos Técnicos Escolares para convencer a docentes de que la evaluación del aprendizaje no solo carece de sentido, sino que son perjudiciales. Por ello, la SEP solo genera estadística sobre el tamaño y condiciones en que opera el Sistema Educativo Nacional, pero no sobre los aprendizajes que logran los estudiantes. Lo único que nos queda son los informes de PISA, cada tres años.
Para un país con cerca de 35 millones de estudiantes, esto es simplemente inadmisible. No se trata de un error administrativo ni de un descuido: es una estrategia deliberada para gobernar sin contrapesos. La 4T está desmantelando los sistemas de información pública en educación (y en otras áreas) porque sabe que la evidencia desmiente la propaganda oficialista. Al cancelar diagnósticos y evaluaciones, lo que se impone no es la realidad, sino la narrativa gubernamental.
Lo que vemos me recuerda a la novela distópica de Ray Bradbury Fahrenheit 451: un régimen que, temeroso del conocimiento, decide combatirlo y destruirlo. Aunque aquí no se queman libros, se eliminan instituciones, plataformas y evaluaciones, y se desacredita las evidencias disponibles. El efecto es el mismo: una ciudadanía desinformada y más débil. La educación es el terreno donde se juega el futuro de México. Pero con este apagón informativo, la 4T no sólo deja en la obscuridad al sistema educativo, también debilita la democracia misma.
Presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa, A.C. @EduardoBackhoff
