Los trabajadores de Pascual deberán ampararse frente a la aplicación de un impuesto injusto sobre las bebidas endulzadas con azúcar, que dañará a una actividad productiva de gran importancia para el país y que ha sido objeto de afectaciones durante muchos años.
Este fenómeno me consta directamente. Siendo diputado en la LVIII Legislatura me correspondió librar una intensa batalla para contrarrestar los embates del sector productor de fructosa de EU que buscaban que México perdiera las ventajas derivadas del TLCAN en materia de exportación de azúcar.
De acuerdo con el tratado, México tenía derecho a exportar sus excedentes azucareros, pero como los negociadores estadounidenses no previeron que nuestro país incrementaría su producción, presionaron para modificar las reglas. La Secretaría de Comercio mexicana actuó como agente de los intereses estadounidenses, firmando unas “cartas paralelas” sin autorización del Senado, mediante las cuales se impuso a México la obligación de recibir alta fructosa en condiciones que perjudicaban a la industria azucarera nacional.
Entonces impulsé la aplicación de un impuesto especial a las bebidas endulzadas con fructosa, para defender el azúcar mexicano, injustamente convertido en el “villano favorito” al que se atribuye la incidencia de diabetes entre la población. Se ha sostenido que reducir su consumo mejora la salud, pero existen otros factores que intervienen en el incremento de la obesidad y la diabetes. Estos males se han agudizado en generaciones a las que se les empezó a restringir el consumo de azúcar. La prueba es que los niños de mi generación —que comíamos dulces sin restricciones en los años cincuenta—, hoy con más de setenta años de edad, padecemos una incidencia de diabetes menor que quienes se encuentran entre los 40 y los 60 años.
Lo importante ahora es frenar los impactos contra la producción de azúcar de caña, en particular contra una fuente de empleo emblemática como la refresquera Pascual, cuyos trabajadores han demostrado una resiliencia ejemplar durante varias décadas. He sido testigo de la admirable capacidad de lucha de estos trabajadores. En 1982, cuando estaba a cargo de la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría del Trabajo, presencié la huelga de los trabajadores de Pascual, que dio lugar a la creación de su cooperativa. Hoy, esos trabajadores levantan la voz para hacer notar que su producto contiene azúcar de caña y pulpa de frutas, y que una reducción en sus ventas por el impuesto impactaría fatalmente a esa cooperativa.
El actual gobierno, con orientación claramente pro-laboral, social y nacionalista, debe defender esta fuente de empleo, proteger una industria que da sustento a cientos de miles de familias y que asegura la producción de un bien básico para el consumo nacional.
Cuando impulsé el impuesto a las bebidas con fructosa, los intereses extranjeros alegaron que resultaba injusta la diferencia fiscal por el tipo de endulzante empleado y lograron derogarlo, pero durante un tiempo protegió el interés nacional.
Hoy parece admisible lo que antes era injusto, y se aplicará una diferencia según el edulcorante. Los afectados tendrán un buen argumento para ampararse y el Poder Judicial para mostrar su compromiso con los intereses nacionales, dando sentido a la reciente reforma judicial.
Investigador de El Colegio de Veracruz y Magistrado en retiro. @DEduardoAndrade