La compleja y prolongada batalla por la seguridad en México ha condicionado por generaciones nuestro optimismo. Cada informe, cada cifra, era recibido con un escepticismo forjado en la adversidad. Sin embargo, los resultados presentados en el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum marcan un punto de inflexión que merece un análisis riguroso y una valoración objetiva. Más allá de las estadísticas, lo que emerge es el contorno de una estrategia de Estado articulada, sostenida por una voluntad política inquebrantable, que comienza a rendir frutos históricos y a demostrar que la paz es un horizonte tangible.
El primer pilar de este cambio es, sin duda, el liderazgo visible desde la jefatura de Estado. Esta voluntad se traduce en un respaldo claro y contundente a las instituciones encargadas de la seguridad, permitiéndoles operar con una coordinación y una capacidad renovadas. Es en esta sinergia donde reside la clave del éxito. El Gabinete de Seguridad, ha alineado las capacidades de inteligencia y la fuerza operativa del Estado hacia objetivos de alto impacto.
Los logros informados no son victorias aisladas, sino golpes estratégicos al corazón del crimen organizado. La destrucción de cientos de narcolaboratorios, por ejemplo, no solo representa una incautación masiva de drogas sintéticas; es un ataque directo a la principal fuente de ingresos de los cárteles modernos. De igual manera, la neutralización sistemática de redes de "huachicol", un delito que drena recursos públicos y corrompe el tejido social, evidencia una capacidad de inteligencia y una decisión de recuperar el control territorial y patrimonial de la nación. La cifra récord de criminales detenidos y de toneladas de narcóticos incautados, es la prueba fehaciente de la gran capacidad del Estado, cuando se ejerce con inteligencia y firmeza.
No obstante, el optimismo que inspiran estos avances debe ser un optimismo activo y vigilante. La victoria contra el crimen no culmina con la detención de sus operadores, sino con su procesamiento y condena ante la justicia. El siguiente imperativo categórico es fortalecer el sistema judicial para asegurar que la contundencia operativa se traduzca en sentencias firmes, garantizando que no haya puertas giratorias para quienes han dañado a la sociedad. Paralelamente, es indispensable profundizar en el combate a la corrupción, ese cáncer que permite la penetración del crimen en las instituciones y que socava la confianza ciudadana. La consolidación de estos logros depende directamente de nuestra capacidad para construir instituciones blindadas contra la ilegalidad, donde la integridad sea la norma y no la excepción.
Finalmente, este nuevo impulso debe trascender la esfera gubernamental y convertirse en un catalizador para la acción social. Los éxitos del Estado en el frente
de batalla deben motivar a la ciudadanía a asumir un papel protagónico en la construcción de la paz. Es momento de cerrar filas, de negar a los delincuentes cualquier resquicio de legitimidad social, de fomentar una cultura de la denuncia y, sobre todo, de reafirmar un pacto colectivo por la legalidad y el respeto a la vida y la dignidad de las personas. La seguridad duradera no se decreta desde el poder; se construye día a día con la acción coordinada de un gobierno decidido y una sociedad comprometida.
