Ing. Ricardo Martínez

Miembro del Comité del Agua

Colegio de Ingenieros Civiles de México, A. C.

En julio de 2010 la Asamblea General de la ONU reconoce como derecho humano el acceso al agua potable y al saneamiento. Posteriormente en diciembre de 2015 se reconoce que son dos derechos, el relativo al agua potable y por otro lado el relativo al saneamiento. En septiembre de 2015, los países miembros de la ONU adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y establecen como uno de sus objetivos garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.

Han transcurrido casi 15 años desde el reconocimiento de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento (DHAS) y casi 10 años desde la adopción de la Agenda 2030. ¿Cómo podemos medir el avance de México en estos compromisos? México cuenta con información estadística robusta, en particular, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH), que se realiza cada dos años. En esa encuesta se recaba información sobre el acceso al agua potable y al saneamiento en cada hogar del país.

Sin duda deben reconocerse los avances. En lo que respecta al agua potable, en 2010 el 66% de la población contaba con agua entubada dentro de la vivienda, mientras que, en 2022, último año con resultados de la ENIGH disponibles a la fecha, el 75% de la población contaba con este servicio. Se logró incrementar el número de personas con agua potable dentro de la vivienda en 21 millones.

En drenaje sanitario los resultados también son significativos, ya que se pasó de 72% de la población con drenaje sanitario conectado a la red en 2010 a 77% en 2022, un incremento de más de 16 millones de habitantes.

Sin embargo, si analizamos con más detalle la información, resulta que, en el estado de Guerrero, únicamente el 34% de la población contaba con agua entubada dentro de la vivienda en 2022 y únicamente el 50% de la población contaba con drenaje sanitario conectado a la red en el mismo año. Además, solo el 23% de la población de ese estado contaba con agua diariamente en su vivienda.

Los contrastes también son muy marcados entre el ámbito rural y el urbano. Solo el 45% de la población rural contaba con agua entubada dentro de la vivienda en 2022, mientras que en el ámbito urbano, el 86% de la población contaba con el servicio.

Aunque los avances son importantes, queda mucho trabajo por hacer para lograr que la totalidad de la población del país cuente con agua potable y saneamiento, que el servicio se reciba de manera continua y que el agua entregada sea de calidad. Los esfuerzos deben enfocarse a los estados con mayores rezagos, como Guerrero, Chiapas y Oaxaca, así como a la población rural.

No solo debe invertirse en más infraestructura de agua potable y saneamiento, sino en mejorar las instituciones dedicadas a prestar los servicios para que lo realicen de manera continua y con calidad, a pesar del incremento de la demanda por el recurso hídrico. Los organismos dedicados a la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento están generalmente expuestos a los cambios de gobierno municipal y cuentan con pocos recursos económicos.

A menudo los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento no pueden atender adecuadamente a la población rural. Para el ámbito rural deben establecerse mecanismos sui generis, como las organizaciones comunitarias de servicios de agua y saneamiento (OCSAS). Debe buscarse que los OCSAS cuenten con apoyos técnicos y económicos por parte de los tres órdenes de gobierno y que tengan, por ejemplo, su propia personalidad jurídica, para poder ser ampliamente reconocidos en el mundo institucional del país.

Las inversiones en agua potable y saneamiento solo podrán ser sostenibles si se logra que existan instituciones sólidas que puedan gestionar adecuadamente los activos necesarios para brindar servicios de calidad. La responsabilidad de prestar los servicios de agua potable y saneamiento recae en primer lugar en los gobiernos municipales, pero éstos pueden buscar arreglos institucionales que les permitan consolidar entidades prestadoras de los servicios eficaces y con visión de largo plazo.

A finales de julio el INEGI publicará los resultados definitivos de la ENIGH con los datos de 2024. Esos resultados permitirán evaluar avances y corregir el rumbo para lograr “transformar a nuestro mundo”, como se estableció en la resolución de la ONU de 2015.

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