A principios de esta semana, el equipo del gobernador de Michoacán, el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, contactó a los secretarios particulares de los alcaldes de los principales municipios del estado. La instrucción era que viajaran el miércoles a Morelia, la capital, para tener una reunión desde Casa de Gobierno y vía Zoom con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. En el primer combo, citaron a 61 y llegaron 59. Los dos restantes argumentaron que no alcanzaron a hacer el viaje. La historia se repitió este jueves con una segunda tanda entre los de las zonas norte y sur.
En ambos encuentros, la mayoría de alcaldes y alcaldesas aparecieron con caras largas. No es para menos. Apenas el fin de semana pasado, igual que todo el país, vieron cómo les mataban a un colega, Carlos Manzo, de Uruapan, en plena plaza pública y frente a cientos de personas. Todos opinan que en la cadena alimenticia criminal ellos están en primera fila como posibles víctimas.
En ambas reuniones, el gobernador abrió la tarde. Les dijo que la secretaria quería escucharlos, que hablaran de lo que quisieran, que no había tema vetado. Inmediatamente Rosa Icela Rodríguez les desarmó cualquier entusiasmo. Confesó que no había ningún plan para Michoacán, contrario a lo dicho el martes por la presidenta Sheinbaum, sino que esas primeras reuniones serían para armarlo, para tomar nota de sus inquietudes y peticiones. Varios de los presentes, que años atrás ya habían ocupado algún cargo público, recordaron un encuentro y guión idénticos con Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto. La diferencia es que aquel día hablaron cuatro personas a nivel estatal de las cuales dos fueron asesinadas a las pocas semanas: Gustavo Garibay, alcalde de Tanhuato, en la puerta de su casa, y Osbaldo Esquivel Lucatero, diputado local del PRD, a machetazos en un bajopuente de Morelia. Hablar les costó caro así que el déjà vu no tardó en hacerse presente esta semana.
De acuerdo con cuatro alcaldes consultados para esta columna, hablar ante Rosa Icela y tanto público no era seguro. Uno no sabe a qué alcalde tiene sentado junto y para qué bando trabaje. Coinciden en que dar quejas o hacer señalamientos a profundidad es dinamita, que quien lo hace no alcanza a regresar sano y salvo a su municipio. Aseguran que lo ideal sería tener citas en lo individual y ni siquiera con la secretaria de agenda apretada, sino con gente de su confianza.
Entonces uno a uno tomó el micrófono y durante la mayor parte de las casi tres horas se habló de paja. Las fuentes narran que el mejor ejemplo fue cuando una alcaldesa centró su reclamo en que desde hace dos años había pedido dos semáforos para su pueblo, pero que nadie la había atendido. La anécdota puede parecer curiosa, pero habla de la debilidad en que se encuentran la gran mayoría de los municipios no solo de ese estado sino del país. Esa clase de momentos hicieron que el miércoles, el alcalde panista de Sahuayo, Manuel Gálvez, levantara la voz para exigir que una reunión así se tomara en serio y no se desviara del asunto principal: la seguridad.
Los alcaldes tienen miedo, les preocupa que esas reuniones sean solo para apagar el fuego, pero pidieron más y privadas. Necesitan mejorar a las policías municipales, necesitan una limpia en la estatal que es un cálido nido de halcones del crimen, necesitan presupuesto, pero nadie habla de eso en el gobierno federal. El mejor ejemplo es Morelia. En tiempos de Peña Nieto recibía 130 millones de pesos cada año para compra de patrullas, cámaras y uniformes. Hoy no le toca ni un centavo y es la capital.
Los alcaldes, al menos esta semana igual que hace tantos años, salieron decepcionados.
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