Hace unos días, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados convocó a una reunión extraordinaria para discutir una iniciativa de reforma que pretende hacer coincidir la revocación de mandato y la consulta popular con las elecciones intermedias de 2027. Si bien la deliberación se pospuso hasta nuevo aviso, la propuesta no sólo sigue vigente, sino que ha sido respaldada públicamente por la presidenta Sheinbaum.
Con toda seriedad, debemos interpretar el planteamiento como lo que es: una advertencia de las verdaderas intenciones del oficialismo, especialmente, en el contexto del diseño de la reforma electoral que presentarán el próximo año.
Durante la LXIV Legislatura, las bancadas del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD en el Senado de la República articulamos el Bloque de Contención. Uno de nuestros logros fue, precisamente, asegurar que la revocación de mandato fuera un mecanismo realmente ciudadano. El principal “candado” que acordamos con la mayoría oficialista fue prohibir explícitamente que este ejercicio coincidiera con cualquier jornada electoral, federal o local. El propósito era evitar que la revocación se mezclara con la lógica partidista de las elecciones y se convirtiera en un instrumento de propaganda gubernamental, como pretendía el expresidente López Obrador.
En aquel momento, Morena y sus aliados avalaron la reforma constitucional en ambas cámaras del Congreso Federal. Fue un auténtico consenso, construido a través del diálogo, que se plasmó en el texto del artículo 35 de nuestra Ley Fundamental.
Seis años después, la iniciativa pretende –bajo el pretexto de la austeridad y la eficiencia– revertir ese consenso para que la consulta revocatoria se celebre el mismo día de las elecciones intermedias. En 2027, eso significaría que –en la misma jornada de junio– la ciudadanía tendría que decidir sobre la permanencia de la presidenta de la República, elegir 500 diputados federales, 30 congresos locales, 17 gobernadores, 680 presidentes municipales, así como cientos de jueces y magistrados, tanto federales como locales. Sin considerar la posibilidad de una consulta popular, que se votaría al mismo tiempo.
Hace unos meses, la elección judicial ya ofreció una lección de lo que sucede cuando se satura al electorado con una docena de boletas. Mientras más opciones tiene por elegir en una misma jornada, más se dificulta su capacidad de emitir un voto auténtico e informado. La complejidad del voto fue el principal argumento del gobierno para defender la distribución ilegal de “acordeones”. Eso es lo que implicaría, innecesariamente, una revocación concurrente con los comicios.
En suma, con esta iniciativa el oficialismo pretende normalizar un mecanismo que debería ser excepcional. La revocación de mandato es, ante todo, una “válvula de escape” institucional para situaciones de crisis política: se activa cuando la ciudadanía considera que un mandatario ha perdido la confianza pública. No es ni debe ser un ejercicio cotidiano en el calendario electoral. De convertirse en una costumbre –en un proceso “normal” que se celebra a la mitad de cada sexenio–, se distorsionaría por completo su naturaleza y su objetivo.
Evidentemente, el único interés de Morena es colocar a la presidenta en la boleta durante las elecciones intermedias, permitiéndole hacer campaña y respaldar a las candidaturas oficiales en prácticamente todos los cargos en juego. El precedente de 2022 –cuando el expresidente promovió su propia ratificación– ilustra la pretensión: transformar un instrumento ciudadano de rendición de cuentas en una herramienta de propaganda gubernamental.
Convenientemente, la propuesta ignora por completo la realidad presupuestal del Instituto Nacional Electoral, al que se le exigen cada vez más responsabilidades mientras se recortan sistemáticamente sus recursos. Organizar simultáneamente múltiples procesos electorales, la elección judicial, un ejercicio de revocación de mandato y una potencial consulta popular representaría una enorme carga logística, operativa y financiera para la ya debilitada autoridad electoral.
Desde mi trinchera actual, defenderé el legado del Bloque de Contención y el texto de la reforma que construimos juntos. Aquel esfuerzo demostró que sí es posible articular acuerdos a partir del diálogo, incluso entre fuerzas políticas con marcadas diferencias. Con esa convicción, rechazaré este y cualquier otro intento de desmantelar los consensos que, apenas hace seis años, construimos para proteger los derechos de las y los mexicanos. La revocación de mandato le pertenece a la ciudadanía, no al gobierno en turno.
Diputada federal