Hace un mes, el gobierno de Estados Unidos detuvo a uno de los hombres supuestamente más buscados por el régimen. Apenas nos enteramos. El ICE lo detuvo el 24 de septiembre en el lugar a donde había huido: Miami, Florida. En México la noticia de la detención se conoció un mes después. En una época en donde la información vuela en segundos, este inusual retraso despierta todas las sospechas.
Quizá tiene que ver con que al gobierno le preocupa lo que pueda declarar Víctor Álvarez Puga. Porque si bien la acusación que derivó en orden de aprehensión es por haber saqueado al erario en tiempos de Enrique Peña Nieto —3 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación—, también es bien sabido que se entrelazó con varios personajes de primer nivel en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Imagínese que Álvarez Puga dijera que parte de ese dinero terminó en “aportaciones” a la campaña de López Obrador en 2018. Imagínese que contara con quiénes del gobierno de AMLO se reunía. Imagínese que relatara que él fue “estratega fiscal” de obradoristas de alto nivel y sus familiares, tanto de Palacio Nacional como del Congreso. O que revelara qué funcionarios civiles y militares lo iban a visitar a sus oficinas de Las Lomas.
Víctor Álvarez Puga es considerado por la 4T como uno de los más importantes factureros de México, algo así como el Rey del Outsourcing. Abogado, fiscalista, empresario. Se presume que su entramado de compañías llegó a tener registrados como a un millón de empleados y su fortuna personal se llegó a calcular en 500 millones de dólares.
Uno pensaría que con eso tiene resuelta la vida propia y la de varias generaciones. No con el estilo de vida de “Mai”: tres aviones privados, helicóptero, departamento en midtown Manhattan de Nueva York, casa en Miami (la propiedad había sido el hogar de la cantante Cher), casa en Acapulco, supercasa en la Ciudad de México, joyas de diseñador, ropa de marca, relojes de alta gama, automóviles de lujo. Su alto perfil estuvo apuntalado además por su matrimonio con la famosa conductora Inés Gómez Mont, contra quien también se giró orden de aprehensión, pero quien permanece libre. Un festín para los ojos adictos al Instagram.
¿Qué falló que se desmoronó el castillo? Ese es otro misterio. Pero está claro que sus amarres dentro de la 4T no le bastaron. Los problemas le empezaron a reventar, acumuló expedientes y acusaciones, y terminó rematando muchos de sus bienes para cubrir su defensa jurídica.
Tan sabe cosas, que según fuentes muy bien informadas, emisarios de la Fiscalía General de la República le ofrecieron ser testigo colaborador para que declarara contra Julio Scherer, operador de confianza de AMLO, consejero jurídico de la Presidencia y enemigo del fiscal Gertz Manero. Me cuentan que rechazó la oferta y gracias a un pitazo salvador, huyó a Miami con su familia justo a tiempo. Eso fue hace como cuatro años.
Ahora resulta que hace un mes lo detuvieron en Florida aparentemente por un tema migratorio. México ya pidió su extradición. Si habla, abrirá otro boquete al obradorato.
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