Nadie había logrado documentar con tanta contundencia los vínculos del gobierno de López Obrador con el crimen organizado como lo ha hecho la administración de la presidenta Sheinbaum.
Se había logrado acreditar la corrupción en el sexenio de AMLO: Segalmex, sus hermanos Pío y Martín grabados recibiendo dinero en sobres amarillos, la riqueza inexplicable de sus tres hijos (La Casa Gris de su hijo José Ramón, los negocios de los amigos de Andy y Bobby), el carrusel en video de depósitos de cash en sucursales bancarias de su secretario particular Alejandro Esquer, entre muchos otros integrantes de su círculo íntimo.
Pero el señalamiento de narco-presidente AMLO había estado fundamentado en dichos de narcotraficantes que aseguraban haber financiado sus actividades políticas: un par de testigos protegidos citados de reportajes de Tim Golden en ProPublica, un capo que declaró en el juicio de García Luna en Nueva York y la entrevista a un líder criminal estatal. Eso, más algunas figuras morenistas que se quedaron sin visa americana, el saludo a la mamá del Chapo, la liberación de Ovidio, los triunfos de Morena en el corredor del narco en 2021 y el “abrazos no balazos” como slogan del pacto.
Pero nada como lo que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha logrado acreditar y ha revelado en el último mes. Su Fiscalía General de la República elaboró dos expedientes que muestran cómo dos integrantes del gabinete de Seguridad de López Obrador facilitaron la operación del crimen organizado: Adán Augusto López en Tabasco con La Barredora y Rafael Ojeda en la Marina con la red de huachicol de sus sobrinos. El nivel de detalle de los seguimientos y los testimonios resultan devastadores.
Que la presidenta esté en una campaña de saliva para devaluar la investigación de la FGR no le quita un gramo de peso a lo que se lee en los expedientes. La presidenta puede hacer el esfuerzo que quiera para exonerar a Adán Augusto y a Ojeda, con tal de que el agua no llegue a su mentor López Obrador, pero si uno revisa el expediente, no hay modo que La Barredora hubiera podido operar a sus anchas tantos años en Tabasco —al grado de tener a su líder de secretario de Seguridad— sin el aval de quien era el gobernador: Adán Augusto López. Y no hay modo de que los sobrinos del almirante Rafael Ojeda hubieran podido comandar desde las aduanas una red de tráfico de huachicol y drogas (sí, el expediente habla también de drogas) sin el visto bueno de su tío, el secretario de Marina.
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