NB: este artículo no utiliza adjetivos calificativos. Ofrece una crónica y una descripción de hechos, únicamente con base en fuentes de acceso público.
26 de febrero de 2023. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuatro cabos del Decimosexto Regimiento de la Sedena asesinan a cinco hombres desarmados, que no habían cometido delito alguno. Un video permitió rebatir el reclamo de los militares en el sentido de que habían sido atacados. No hubo enfrentamiento, fue una ejecución extrajudicial.
13 de noviembre de 2024. Los familiares de víctimas de abusos militares se reunieron con la alcaldesa de Nuevo Laredo, quien escuchó testimonios de ganaderos, transportistas y ciudadanos que denunciaron acoso y robo de parte del personal militar en la entidad https://shorturl.at/kHoZz.
26 de marzo de 2025. Un Tribunal de Enjuiciamiento condenó a 40 años de prisión a los cuatro militares, tras ser encontrados responsables de homicidio calificado.
26 de julio de 2025. Una multitud de ciudadanos rodearon a un convoy de soldados del 16º. Regimiento, acusados de robar a tres jóvenes durante una supuesta ‘revisión de rutina’. El botín fue de 50 mil pesos, más 1,000 dólares, y varios teléfonos celulares. Como resultado de la reacción de la ciudadanía, los militares devolvieron 2 mil pesos y los celulares, y se comprometieron a devolver el resto del dinero al día siguiente.
31 de julio de 2025. Hasta esta fecha, el portal de Sedena no contenía su postura oficial sobre los hechos del 26 de julio. La familia afectada presentará una denuncia formal por robo, abuso de autoridad y daños.
En Nuevo Laredo, los reiterados abusos de los militares han generado una profunda desconfianza de los ciudadanos. Para mayor preocupación, esta es una región dominada territorialmente por el Cártel del Noreste, designado en febrero de 2025 como organización terrorista extranjera por Washington. Mal momento escogieron los soldados del regimiento para sus fechorías.
Durante su sexenio, AMLO entregó a las fuerzas armadas la seguridad pública, las aduanas, trenes y algunos aeropuertos, con la premisa de que servirían a la sociedad, y no a sí mismos.
El problema no sólo atañe a la inseguridad pública. La operación del crimen organizado en las aduanas fronterizas (Nuevo Laredo concentra 40% del intercambio de mercancías con EU) se registra aún con la administración y supuesto control de los militares. La propia Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha constatado que la corrupción se ha agravado, y que los pagos de sobornos serían para permitir el huachicol fiscal (https://rb.gy/9i8zxx).
¿Qué hacer cuando los ciudadanos son asaltados y sufren robos por los propios responsables de garantizar la seguridad pública? ¿A quién le rinden cuentas los militares? El autocontrol y la autocontención no ha funcionado. Se necesitan mecanismos institucionales de Estado.
Llueve sobre mojado. Algunos militares toman como un agravio ser confrontados con la realidad de sus propios actos, lo que hace urgente un mayor control sobre su desempeño en tareas de seguridad nacional, interior y pública que les han sido encomendadas.
Ayudaría a ensanchar la gobernabilidad el hecho de instrumentar controles democráticos externos a las fuerzas armadas sobre su desempeño, y hacerlos eficaces. No ayuda a la presidenta que el desmantelamiento institucional vaya en sentido contrario.
Profesor asociado en el CIDE @Carlos_Tampico