La ejecución pública de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, el 1 de noviembre en la plaza principal del municipio, ha desatado una profunda indignación a lo largo y a lo ancho de México. Manzo denunció y desafió la gobernanza criminal: el verdadero poder económico, político y social en amplias franjas territoriales de Michoacán es el crimen organizado.
Ominoso mensaje de las bandas criminales: podemos matar a quien queramos, a la vista de todos.
Hoy cosechamos el resultado de los ‘abrazos, no balazos’ de AMLO, que permitieron el empoderamiento del crimen organizado. A partir de 2018, en Michoacán han sido asesinados los alcaldes de Contepec, Aguililla, Churumuco, Cotija, Tepalcatepec, Tacámbaro y Uruapan.
Indigna la banalidad e irresponsabilidad de autoridades que se niegan a asumir sus responsabilidades.
El humor social ha comenzado a cambiar en México. Es muy difícil aceptar que ‘vamos bien’ para los familiares, amigos y comunidades de referencia de Bernardo Bravo, citricultor asesinado el 20 de octubre en Apatzingán; del abogado David Sacal Cohen, asesinado el 13 de octubre en la capital de la república; de Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, asesinado el 4 de agosto de 2025 en Reynosa; y por supuesto, con el hallazgo en marzo de 2025 de 50 bolsas con restos humanos en Teuchitlán, Jalisco.
La gente ya no compra la narrativa de culpar al pasado: que Felipe Calderón, la derecha, etc. Carlos Manzo señaló al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, sin consecuencia alguna hasta la fecha. A su vez, los tabasqueños han apuntado quiénes deben ser investigados en el caso ‘La Barredora’, red criminal cuya cabeza ha sido protegida por quien se ha convertido en la imagen trágica de la impunidad, el senador doble A.
Ignoro cuál es el cálculo político en Palacio Nacional, pero quizá se piensa que, si investigan, y dado el caso, procesan a los políticos propios, se debilita a su movimiento, a la 4T.
Me parece que es exactamente el revés.
No basta con la exhibición mediática. El gobierno se desgasta cuando promete que no habrá impunidad, pero se niega a investigar a los propios. Se autoexhibe completamente rebasado por el crimen organizado. Después de cada tragedia, la pregunta es cuándo ocurrirá la siguiente. Si el asesinato de Bernardo Bravo no fue suficiente alerta, apenas doce días después llega la ejecución pública de Carlos Manzo.
Estamos en un punto de quiebre. Ante la normalización de la violencia política, ¿qué tiene que ocurrir desde Palacio Nacional, desde cada gobierno estatal y municipal, desde nosotros mismos?, clama al cielo la periodista Carmen Aristegui.
El gobierno que controla políticamente a los tres poderes federales, a las fuerzas armadas, y a 24 gobernadores, se muestra incapaz o sin voluntad política de revertir la gobernanza criminal. ¿No puede o no quiere desmantelar las redes de complicidad entre la clase política y las organizaciones criminales?
Estamos en un punto de quiebre. Son días, semanas y meses de furia, de indignación, de rabia apenas contenida. El tejido social está muy lastimado y el dolor es muy profundo. Las no respuestas ya no sirven.
Profesor asociado en el CIDE. @Carlos_Tampico