En pasadas colaboraciones me he referido a una serie de temas que, desde mi experiencia como consejera electoral tanto a nivel local como federal, deberían ser consideradas en las temáticas de análisis de la reforma electoral; en particular he hecho énfasis en la importancia que generar un nuevo modelo de fiscalización de los recursos que utilizan aspirantes, personas precandidatas, candidatas y candidatos, personas candidatas independientes, partidos políticos y, en su oportunidad, coaliciones.
Hoy abonaré a la misma temática por la importancia que tiene la fiscalización como elemento constructor de credibilidad y equidad ante la sociedad, como ingrediente fundamental de transparencia y rendición de cuentas, así como de un componente básico de equilibrio para que las contiendas político-electorales se desarrollen bajo un marco de legalidad, certeza e igualdad.
En primer lugar, me parece que deben considerarse las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) establecidas para combatir el lavado de dinero a través del robustecimiento en la detección de flujos ilícitos y otros movimientos financieros.
En este sentido, la normativa electoral debería establecer con claridad la facultad para que el Instituto Nacional Electoral (INE) utilice la Inteligencia artificial (IA) y otros mecanismos innovadores para analizar en tiempo real, anomalías financieras; para la vigilancia avanzada (data pooling) y preventiva así como con una real y oportuna colaboración de diversas instituciones; la realización de modelos de riesgos alimentados con IA, análisis de datos, fuentes abiertas, entre otras, para apoyar la inclusión financiera con respuestas que sean proporcionales para mitigar el nivel de riesgo identificado.
Estos elementos que abonarían a fortalecer la fiscalización electoral que realiza el INE tanto para elecciones federales como locales e, incluso a ejercicios de participación ciudadana así como la reciente elección judicial.
Lo más destacado es que le permitiría al INE detectar diversas anomalías en tiempo real. La IA y otras tecnologías de la información y comunicación podrían contribuir a analizar, por ejemplo, los ingresos y egresos reportados en el Sistema de Fiscalización del INE y compararlos con los registros del SAT, la UIF o la CNBV, lo que seguramente podría prevenir y, en su caso, sancionarse con la finalidad de inhibir diversas anomalías.
Asimismo, el uso de tecnología innovadora podría ser una herramienta importante para el procesamiento de notas, facturas y otros elementos que permitan a la autoridad electoral detectar inconsistencias, incluso, haciendo un cruce con información proporcionada en campañas anteriores y detectar posibles anomalías o patrones recurrentes y tipologías que no fueron detectadas con anterioridad.
Se podrían aplicar esquemas de priorización basado en riesgos, es decir, a través de auditorías incluso preventivas o inspecciones a diversos actores políticos que participan en las campañas electorales, para detectar riesgos en torno a irregularidades en periodos dentro de los procesos electorales que históricamente muestran mayor vulnerabilidad.
Como ya he reiterado en muchos foros y espacios periodísticos, la colaboración interinstitucional con instancias como el SAT, la UIF, la CNBV, la FGR, entre otras, es fundamental para garantizar una óptima fiscalización, por lo que el Legislativo debe fortalecer en la legislación electoral la cooperación obligatoria y oportuna de estas instituciones con el INE y las sanciones aplicables en caso de incumplimientos.
Ahora bien, el pasado 16 de julio se publicó en el DOF cambios relevantes a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (conocida como la ley antilavado), y cuyas reformas también impactan en las tareas de fiscalización a cargo del INE, desde la determinación de personas políticamente expuestas o campañas de mayor riesgo; la identificación de las y los beneficiarios finales, contar con sistemas automatizados y auditorías que afinen las herramientas como el Mecanismo Electrónico para la Fiscalización de las candidaturas del Poder Judicial; detección de vínculos ocultos con personas candidatas o partidos políticos; la reducción de evasiones, las reglas aplicables para el uso de plataformas virtuales, pasarelas de pago, activos virtuales, entre otras posibilidades.
Es urgente cambiar el modelo de fiscalización y, desde nuestro ámbito de competencia, estaremos atentos y atentas a exponer o aclarar la serie de propuestas que he planteado desde este espacio.
Consejera Electoral del INE
