Hasta hoy no hay una sola señal de que la justicia en México no esté bailando al son que se toca desde Palenque, Chiapas, donde el expresidente Andrés Manuel López Obrador construyó su búnker para refugiarse de los escándalos que lo mantienen en el centro de la polémica.
Ni Segalmex, ni el fraude de los medicamentos —o la falta de los mismos—, ni el derroche de dinero en sus obras faraónicas —con todo y sus fallas— ha sido motivo de escrutinio por parte de las autoridades. Mucho menos lo ha sido el Rancho Izaguirre, aquel campo de exterminio operado en Teuchitlán, Jalisco, del cual no se ha dado mayor explicación, apostando a que lo olvidemos (estrategia bien conocida de las autoridades).
¿Esperamos realmente que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, cumpla con su deber? Lo dudo, y deseo equivocarme, pero los hechos son tercos.
Por ejemplo: aunque, según la FGR, el huachicol fiscal se investiga desde hace dos años, su titular no ha tenido el valor de llamar a declarar a ninguno de los López: ni a Adán Augusto —senador morenista y exgobernador de Tabasco—, ni a AMLO, ni a sus hijos Gonzalo —“Bobby”—, José Ramón o “Andy”.
Si al menos les preocupara la forma —porque en el fondo saben que encontrarán a varios conocidos que tienen la orden de proteger, y con ello protegerse a sí mismos—, ya habrían actuado con profesionalismo, llamando también a cuentas al exsecretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda. Sus sobrinos políticos —el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contraalmirante Fernando Farías, hoy prófugo— lideraban la millonaria red de contrabando de combustible que hoy conocemos.
Pero la presidenta Claudia Sheinbaum ha repetido más de una vez que nada de lo denunciado altera, ni alterará, el amor que el pueblo de México siente por el expresidente. Y esa es la apuesta: ¿cómo avanzar contra el hombre que te entregó dinero en efectivo y que, con mañas y engaños, puso a la mitad de México contra la otra mitad?
La apuesta es la dádiva, no la justicia.
La apuesta es la complicidad, no la honestidad.
La apuesta es el olvido, sin importar la traición.
López Obrador siempre fue impermeable a las críticas. El hartazgo contra los malos gobiernos que lo antecedieron le dio libertad para permitir que la corrupción penetrara hasta los huesos de la Cuarta Transformación, ya sea por acción u omisión. El presidente que se vendió como el más honesto resultó ser el más corrupto.
“Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto”, decía el expriista, experredista, exmorenista y ahora lopezobradorista. Y en esas palabras creo, porque más temprano que tarde se están descubriendo sus redes criminales: las de sus cercanos y las de sus familiares. Tiempo al tiempo.
Algunas piezas de un mismo rompecabezas:
Hernán Bermúdez Requena, criminal bajo proceso y aún militante de Morena: Fue secretario de Seguridad Pública en Tabasco durante el mandato del entonces gobernador Adán Augusto López y, a la vez, líder de la organización criminal denominada “La Barredora”.
Adán Augusto López, senador de Morena: Enfrenta acusaciones de que su gobierno en Tabasco permitió la infiltración criminal —por más que alegue desconocer lo que pasaba bajo sus narices—.
Almirante José Rafael Ojeda, exsecretario de Marina: Es señalado por permitir la formación y expansión de la red de huachicol fiscal operada por sus dos sobrinos cuando estaba al frente de la institución —históricamente la más confiable de México—.
Los hermanos Farías Laguna, uno vicealmirante, otro contraalmirante, sobrinos de Rafael Ojeda: Impulsados para ascender por López Obrador y líderes visibles de esta red criminal. Solo Manuel Roberto está detenido.
Los López Beltrán, hijos del expresidente López Obrador: Señalados por ser parte de la red de huachicol fiscal, de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, entre otros casos de corrupción que involucran obras insignia de la 4T.
Hilda Araceli Brown, diputada de Morena: Ha sido señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, facilitándole a la facción de “Los Mayos” el control municipal de Rosarito, Baja California, cuando fue alcaldesa.
Gabriela Ortega, alcaldesa morenista de Colipa, Veracruz: Medios locales aseguran —con base en fuentes oficiales— que fue encontrada en el rancho del sobrino de Rafael Caro Quintero, José Gil Quintero, durante un operativo federal. Habría sido retenida algunas horas y después liberada. El gobierno de Rocío Nahle la defiende, pero no tiene coartada creíble; sus propias fotografías en redes sociales la delatan.
Esta lista seguirá creciendo a medida que el gobierno siga callando.
@azucenau
