Durante años, Andrés Manuel López Obrador construyó su narrativa en torno a la denuncia de un Estado criminal, corrompido hasta la médula por el contubernio entre el poder político y el narcotráfico. En esa cruzada moral, su blanco favorito fue el expresidente Felipe Calderón y su entonces secretario de Seguridad, Genaro García Luna —quien hoy purga una condena de 38 años en Estados Unidos por narcotráfico—. Los acusó de haber pactado con el crimen organizado y de usar la “guerra contra el narco” como fachada para favorecer a ciertos cárteles. “Nada de que el presidente no sabía. ¡Claro que sabía!”, repetía una y otra vez en Palacio Nacional.
La sentencia era lapidaria: un presidente no puede alegar ignorancia. Si el jefe del Ejecutivo no se enteró de que su brazo derecho pactaba con narcotraficantes, entonces fue cómplice o inútil. Así de simple.
Hoy, esa lógica le explota en las manos, salpicando de paso al gobierno actual.
Las recientes revelaciones sobre Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, son inquietantes. La Sedena lo ha identificado como líder del grupo criminal “La Barredora”, principal causante de la violencia en el estado. Y aunque Bermúdez operó con dos gobernadores —Adán Augusto y Carlos Manuel Merino—, fue el primero quien lo nombró y lo mantuvo en el cargo a pesar de las advertencias y las claras manifestaciones del cobijo que este otorgaba al crimen organizado.
¿Dónde quedó aquella máxima del expresidente de que alguien en ese cargo “está enterado de todo”? ¿Dónde quedó el discurso de que el pueblo tiene derecho a saber quién es quién en la vida pública? ¿Dónde quedó la vara moral con la que se juzgó a tantos?
Porque si el argumento de AMLO en el caso García Luna fue que Calderón debió saber; entonces, por congruencia, ¿no deberíamos asumir que Adán Augusto también debió saber? ¿Y, por extensión, su jefe político?
Cuando se trata de “los otros”, hay escándalo, indignación y linchamiento público, pero cuando las señales apuntan hacia los propios, todo se reduce a un “no hay pruebas”, “es un ataque político” o “es asunto del fuero común”.
Tal vez me equivoque (ojalá), y nos sorprendan siendo congruentes entre sus dichos y sus hechos.
Por cierto... ¿y dónde está Adán Augusto?
@azucenau
