Por Carlos Corral Serrano
Una deuda histórica del Congreso Local
La Ciudad de México enfrenta una deuda legislativa que se arrastra desde la primera legislatura: la falta de una Ley de Ordenamiento Territorial moderna y eficaz. La actual Ley de Desarrollo Urbano, con más de quince años de vigencia y escasas reformas profundas, ha quedado rezagada frente a los cambios sociales, económicos, ambientales y políticos que ha experimentado la capital.
El Congreso de la Ciudad de México tiene hoy la oportunidad de corregir este desfase histórico. No se trata de un tema administrativo más en la agenda parlamentaria. La aprobación de una nueva ley representa una decisión de gran trascendencia para millones de personas: los más de nueve millones que habitan la capital y los otros tantos que llegan a diario para trabajar, estudiar, atender servicios de salud, recrearse o participar en la vida cultural y económica de la metrópoli.
Una ley para combatir la desigualdad
El propósito central de la nueva Ley es claro: reducir las desigualdades urbanas. Las periferias de la ciudad concentran rezagos en infraestructura, servicios y oportunidades laborales. La Constitución de la Ciudad de México reconoce derechos fundamentales como vivienda, movilidad, salud y trabajo digno, pero esos derechos no podrán materializarse mientras no exista un marco legal que articule los instrumentos de planeación y dé coherencia a las políticas públicas.
Una legislación moderna permitirá vincular de mejor manera la inversión pública y privada, crear empleos dignos y asegurar que los beneficios del desarrollo no se concentren solo en unas cuantas zonas privilegiadas. Se trata de distribuir con mayor justicia las cargas y los frutos del crecimiento urbano, garantizando que las colonias y comunidades periféricas accedan también a mejores condiciones de vida.
Temas que no pueden esperar
El Proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial que se discute incluye aspectos cruciales que deberán abordarse con responsabilidad y sensibilidad.
Uno de ellos es la necesidad de contar con dictámenes técnicos claros y uniformes para regular los usos de suelo, reduciendo la discrecionalidad y fortaleciendo la transparencia. Otro es la urgencia de que la participación ciudadana sea vinculante, de modo que las decisiones urbanísticas se legitimen socialmente y respondan a las necesidades reales de la población.
La gobernanza metropolitana, otro de los ejes de discusión, requiere definiciones precisas de competencias y atribuciones. Los problemas de movilidad, vivienda, agua, riesgos y servicios públicos trascienden los límites de la Ciudad de México y solo pueden resolverse con una coordinación efectiva y obligatoria con los municipios conurbados.
De igual manera, la nueva Ley debe reincorporar instrumentos modernos de gestión del suelo, como los Sistemas de Actuación por Cooperación (SAC) y la Transferencia de Potencialidad de Desarrollo (TPD). Estos mecanismos permiten equilibrar cargas y beneficios entre ciudadanía, autoridades y desarrolladores, además de facilitar el financiamiento de infraestructura y espacios públicos de calidad.
El Atlas de Riesgos, por su parte, debe dejar de ser un documento marginal para convertirse en un instrumento obligatorio, vinculante y actualizado periódicamente. Solo así se podrá evitar que la ciudad siga creciendo en zonas de alta vulnerabilidad, con consecuencias graves para la seguridad y bienestar de sus habitantes.
Los instrumentos constitucionales en espera
La Constitución Política de la Ciudad de México prevé diversos instrumentos de planeación —el Plan General, los Programas Generales, los Programas de Alcaldías, los Programas Parciales y los Programas Sectoriales y Especiales— que hoy están limitados por la falta de una ley adecuada en materia de ordenamiento territorial.
Sin un marco jurídico actualizado, estos instrumentos no pueden desplegar todo su potencial. La consecuencia es que la ciudad avanza con políticas incompletas, fragmentadas y, muchas veces, contradictorias. La nueva Ley deberá convertirse en el soporte jurídico que dé operatividad real a lo que la Constitución ya establece en el papel.
Una convocatoria plural y diversa
El próximo viernes 3 de octubre, instituciones y organizaciones clave se reunirán para enriquecer este proyecto legislativo. La convocatoria incluye a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), el Colegio de Ingenieros Civiles de México, el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos (CAM-SAM) y la Asociación Mexicana de Urbanistas (AMU), junto con el Congreso Local, la Secretaría de Desarrollo Metropolitano, Desarrollo Urbano y Coordinación Metropolitana, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil, la SEDEMA, la Secretaría de Vivienda y el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP).
También estarán presentes instituciones académicas de gran prestigio como la UNAM, el IPN y la UAM, entre otras. Esta diversidad de voces garantiza que el debate no será únicamente técnico, sino también social, político y cultural, reflejando la complejidad y riqueza de la Ciudad de México.
Un llamado ineludible
La Ciudad de México no puede esperar más. Contar con una Ley de Ordenamiento Territorial moderna, justa y operativa es una condición indispensable para garantizar empleos dignos, reducir desigualdades y fortalecer la gobernanza metropolitana. Es también una herramienta para proteger a quienes más lo necesitan: las comunidades que han sido históricamente marginadas y que hoy viven los mayores rezagos.
El Congreso Local tiene ante sí una responsabilidad histórica. No se trata de cumplir un trámite, sino de honrar el compromiso con la ciudad y con sus millones de habitantes. Esta es una deuda que se arrastra desde la primera legislatura y que ya no puede seguir posponiéndose.
El llamado es claro: todas y todos los diputados deben asumir con seriedad y visión de futuro la aprobación de esta Ley. De su decisión depende que la Ciudad de México pueda avanzar hacia un desarrollo más justo, resiliente e incluyente, o que permanezca atrapada en un marco normativo obsoleto que limita su potencial.
El momento es ahora. La capital del país no puede esperar otra legislatura más. La Ciudad de México exige y merece una Ley de Ordenamiento Territorial a la altura de sus desafíos y en especial, de sus habitantes.
Es Director Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Urbanistas, AC conntacto@amu.org.mx
