Al tiempo que conocíamos la avalancha de impuestos aprobada por Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, que incluye incrementos a refrescos, tabacos y videojuegos violentos, además de importantes aumentos en el costo de diversos servicios y trámites que presta el Estado, el Fondo Monetario Internacional señalaba algo por demás preocupante: el gobierno mexicano tiene este 2025 el mayor déficit fiscal para un primer año de gobierno en por lo menos el último cuarto de siglo.
Que los medios difundan ambas noticias simultáneamente es una coincidencia, pero que estos hechos estén vinculados entre sí, no lo es: el gobierno no tiene dinero y está buscando, como en los peores tiempos del general Antonio López de Santa Anna, gravar todo cuanto pueda. No sé si llegará hasta el extremo de inventar algo así como el “impuesto a puertas y ventanas” que impuso su “Alteza Serenísima” a los pobres mexicanos del siglo XIX, pero se está haciendo evidente que por ideas, especialmente si son “sanas” y “políticamente correctas” no van a parar.
En un contexto de alto nivel de endeudamiento y un claro estancamiento en los ingresos públicos, los genios de Morena se dieron a la tarea de perfilar nuevos impuestos que fueran presentados como parte de las acciones que el gobierno mexicano impulsa para “fomentar que México baje su consumo promedio per cápita de bebidas y azucaradas; que las personas que consumen estas bebidas comiencen a tomar productos menos nocivos para la salud”.
Cito las palabras del subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García, quien todavía ayer (al dar a conocer el nuevo acuerdo con la industria refresquera por el cual la cuota de IEPS en productos “light” y “cero” será sólo de 1.5 pesos por litro) insistía en que “la aplicación de este instrumento fiscal no atendía una razón recaudatoria, atendía una razón de salud pública”.
El gobierno de Morena, siempre atento a todo aquello que pueda darle una imagen de “salvador” y “políticamente correcto” pretende velar por “la salud pública” subiendo impuestos a productos nocivos, sabiendo perfectamente que el pueblo mexicano seguirá consumiendo refrescos (más caros, eso sí), fumando, bebiendo alcohol y jugando videojuegos violentos (en un país donde la violencia real es pan de todos los días).
También es un hecho que a Morena le gustan las prohibiciones, a pesar de que una de las máximas de su líder moral era “prohibido prohibir”. En su camino han quedado, por ejemplo, las corridas de toros (en la capital, al menos) y los vapeadores, y en ambos casos se han atropellando derechos y libertades individuales. Igualmente se han ensayado en Campeche y Puebla leyes que atentan directamente contra la libertad de expresión (usando como pretexto los delitos en razón de género y el ciberacoso), y está en puerta una reforma electoral que vendrá a coronar su proyecto de partido único para esta castigada nación.
En todas sus prohibiciones, nuevos impuestos y atentados contra las libertades constitucionales, los morenistas intentan siempre embozar sus verdaderas intenciones anteponiendo falsas preocupaciones como “los derechos de los animales”, la “salud pública”, la “violencia política de género” o la “verdadera democracia”. Sus fines son diversos, como podemos ver (recaudatorios unos, autoritarios otros), pero en todos los casos tienen ahora un soporte que ya es “legal”: la nueva ley de amparo, donde los únicos que se pueden presumir inocentes hasta el final son ellos, porque detentan el poder.
La industria refresquera no se tuvo que amparar porque llegó a un acuerdo, pero si lo hubiera tenido que hacer todos sabemos quién habría tenido la “razón” y la última palabra sobre el tema. Los productores y distribuidores de vapeadores no tuvieron ni para dónde hacerse frente a la prohibición (que favorece al crimen organizado, sin duda, porque es este el que se hará cargo, desde el mercado negro y la piratería, del negocio millonario). Los empresarios taurinos, los inversionistas extranjeros, pero también los periodistas, los opositores que se inconformen con la próxima reforma electoral y todos los demás que le quieran discutir algo al gobierno “del pueblo”, ya están advertidos: en México no hay amparo que valga para defender sus derechos.
@ArielGonzlez
FB: Ariel González Jiménez
