El 6 de septiembre se dio a conocer la detención de Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante que estuvo al frente de la 12 zona naval en Puerto Vallarta, Jalisco, sobrino político del almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina en la administración de López Obrador. Los rápidos ascensos de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, su poder dentro de la Secretaría —que incluía su capacidad para influir en promociones y ascensos— no podrían explicarse sin su condición de sobrinos políticos del secretario Ojeda.
Hace casi tres años, el periodista Carlos Loret denunció los negocios de los hermanos Farías, nada justifica la tardanza en llevarlos ante la justicia.
Un rosario de muertes, incluidos un suicidio y una “muerte accidental”, llevaron a la eliminación de aquellos a quienes había que callar. Sergio Emanuel Martínez Covarrubias fue asesinado en mayo de 2023, apenas dos semanas después de asumir el cargo de subdirector de Operación Aduanera en Manzanillo. En Matamoros, Tamaulipas, Julio Almanza, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio que denunció la corrupción en las aduanas, fue asesinado en julio del año pasado, tres meses después fue ejecutada Magali Nava Ramos, agente de la fiscalía General de la República en Colima.
El contraalmirante Rubén Guerrero Alcántar, exdirector general de recaudación de aduanas, denunció presuntos actos de corrupción de altos mandos de la Armada. El 10 de octubre pasado fue citado por el nuevo titular de la Secretaría de Marina, Raymundo Pedro Morales y fue asesinado casi un mes después en Manzanillo. El lunes pasado se conoció el aparente suicidio del capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas y quien había sido señalado por recibir sobornos.
Ante la decisión de López Obrador de entregarle el control de las aduanas de los puertos a la Armada de México, el entonces secretario de comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, presentó su renuncia advirtiendo sobre los riesgos de exponer a los militares al poder corruptor del crimen organizado.
La operación truculenta de las aduanas ha sido una constante desde que inició la administración de López Obrador. En marzo de 2019, Margarita Ríos Farjat, entonces titular del SAT, acusó a Ricardo Peralta Saucedo de graves irregularidades, Peralta dejó la administración general de Aduanas para ser cobijado —con el beneplácito presidencial— por Olga Sánchez Cordero en la Secretaría de Gobernación.
El golpe en curso a esa estructura criminal merece reconocimiento, sin embargo, la investigación debe ir más allá para abarcar arriba y abajo del vicealmirante Farías, a otros integrantes claves de esa red criminal y para incluir otros indicios: el tráfico de armas y de narcóticos y el financiamiento negro a campañas electorales de Morena.
Estamos ante una historia de ambición, poder y crímenes que demuele toda la narrativa de López Obrador cuando dijo que se había acabado la corrupción de los de arriba y que los militares eran incorruptibles.
Esto apenas empieza, desenredar la madeja puede llevar a conclusiones dramáticas.
Presidente de GCI. @alfonsozarate