Al inicio de septiembre se conjuntaron tres eventos trascendentes para el devenir del país. Por un lado, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, rindió su primer informe de gobierno, al igual que la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y se instaló la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El informe de la presidenta Sheinbaum reafirma la continuidad del proyecto iniciado en 2018 imprimiendo un perfil propio. Destacan los datos sobre la estabilidad económica y monetaria; la reducción de la tasa de desempleo a 2.7 por ciento; la contención de la inflación, que en julio de este año se situó en 3.5 por ciento; la inversión en proyectos de infraestructura, entre ellos, 180 mil millones de pesos destinados a la red ferroviaria; la reducción de la pobreza, registrando 13 millones de personas que la han superado, así como la recuperación real del salario mínimo con el incremento de 12 por ciento este año y, la consolidación de una política social que impacta en millones de hogares, lo que no hubiera sido posible sin revertir la política neoliberal, para dotar de oportunidades a una población castigada durante varios sexenios. En materia de seguridad, se redujeron en 25 por ciento los homicidios dolosos y en 20 por ciento los delitos de alto impacto.
Estos avances cobran relevancia, al considerar el entorno internacional y el replanteamiento de la relación con el gobierno del presidente Donald Trump, quien ha utilizado los aranceles económicos y el combate al narcotráfico como arietes para replantear la agenda bilateral, ante lo cual la Presidenta ha mantenido una posición firme, defendiendo una política de cooperación, responsabilidad compartida y reciprocidad, con pleno respeto a la soberanía e integridad de nuestro país.
Al cumplir su primer año de gobierno, la primera Presidenta de México alcanza una aprobación sin precedente, cercana al 80 por ciento, mejorando el porcentaje de 76 ciento del año anterior.
El Primer Informe de la Jefa de Gobierno destaca el sano manejo de las finanzas públicas, la creación del Sistema Público de Cuidados y la ampliación de derechos universales, con énfasis en la perspectiva de género y en la implementación de nuevas acciones para las infancias y juventudes, sumando una inversión social por 17 mil millones de pesos, 36 por ciento más que el año anterior, en beneficio de 2 millones de personas.
Así mismo, los delitos de alto impacto disminuyeron un 62.4 por ciento de enero a junio de 2025, respecto al mismo periodo de 2019, lo que impactó en la reducción de la percepción de inseguridad en 13.1 puntos, y se realizaron 223 operativos para recuperar áreas del suelo de conservación, asegurando la sustentabilidad de la ciudad a futuro.
Se implementa una ambiciosa política de vivienda y acceso al suelo para el sector social, con un presupuesto histórico de 9 mil millones de pesos, con lo que se busca frenar la gentrificación y consolidar un modelo de ciudad que pone en su centro las necesidades de la población.
Ambos informes muestran una clara sintonía en la gestión de gobierno. Ambas administraciones no solo acreditan avances significativos en la reducción de la pobreza y la inseguridad, y priorizan la inversión social y la protección de los derechos de la población. Esta cohesión de objetivos y resultados refuerza la idea de un proyecto unificado que busca transformar la realidad social y económica del país.
Trasciende la instalación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Inicia una nueva era con la expectativa de convertir a la Corte en una instancia legitima de impartición de justicia. Siete de cada 10 mexicanos confían en que esta nueva integración enfrentará la responsabilidad de revertir los grandes problemas de impartición de justicia, impunidad, corrupción, así como el profundo divorcio con la población y la obscura relación con poderes fácticos.
Transformar la Suprema Corte representa un gran desafío. Las primeras acciones adoptadas anuncian cambios profundos: promover una justicia pluricultural con perspectiva de género e inclusión social, con énfasis en pueblos indígenas y grupos en situación de vulnerabilidad. Así como los ajustes a la baja en los salarios de los ministros, la revisión de sus onerosas pensiones y su inscripción en los servicios públicos de salud, lo que establece las bases para una justicia que refleje la pluralidad y las necesidades reales del país.
Secretario de Metrópolis de la CDMX
