Desde que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) decidió aplicar el Artículo 34 en la materia, el gobierno mexicano ha negado que la situación sea su responsabilidad y, además, dice que no comparte el análisis de dicho comité. El Artículo dice: “Si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas”.
El proceso que ha llevado a cabo el CED ha tenido diferentes etapas, en marzo pasado anunció que activaría el Artículo. El 12 de agosto se presentó un Informe independiente que realizaron expertos, ONG, académicos y colectivos, sobre la situación de desapariciones que prevalece en México. Asimismo, el gobierno de México presentó su informe, pero pidió que no se hiciera público, o sea que quedara en la oscuridad, lo cual resulta muy extraño. En octubre pasado el CED rindió su Informe ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU. A la fecha no se ha decidido si la activación seguirá adelante o no.
La polémica entre el gobierno mexicano y la sociedad civil organizada se orienta a responder lo siguiente: ¿Está México en los parámetros de gravedad que refiere el Artículo 34, o no lo está? ¿Tiene nuestro país un problema de desaparición forzada de carácter “generalizado o sistemático”? La posición oficial está por la negativa, y dice que no comparte las resoluciones del CED porque no son objetivas. Eso dijo el embajador Vasconcelos en la reunión de la ONU; lo repitió la presidenta Sheinbaum en una mañanera y lo afirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores, el pasado 23 de octubre.
El especialista en derechos humanos, Jacobo Dayán, lo planteó así en Aristegui Noticias el pasado 24 de octubre: “Si entendemos por excepcional aquello que está fuera de la norma, de lo regular, de lo normal, me imagino que para el gobierno mexicano es normal 134 mil desparecidos, es normal el 99% de impunidad (…) me imagino que en Noruega debe haber colectivos de madres buscadoras; (es normal) que aquí el país debe tener 70 mil cuerpos a la espera de ser identificados”.
Los números expresan un problema muy grave. Este fenómeno, como dice el documento de las ONG, “excede a la cifra de personas desaparecidas derivada de cualquier situación de violencia política, régimen dictatorial o conflicto armado en la región de América Latina” (pág. 13). El debate es si existe un problema de “aquiescencia”, es decir, que “el Estado conocía, tenía razones para conocer o debía conocer la comisión o el riesgo real e inminente de comisión de una desaparición forzada” (pág. 35). Por lo cual corresponde al Estado probar que no hubo aquiescencia, pero como no conocemos qué dice el informe que presentó, nos queda solo el valor que pueda tener la negación de los hechos, las palabras del oficialismo.
El cuadro de información que presentan las ONG es muy contundente: además del análisis en diez estados del país, se refieren a una impunidad de 99% entre 2006 y 2022; los problemas que tiene el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, como errores, falta de precisión, desacuerdos metodológicos, para lo cual se propone consistencia, actualización, acceso. Se informa también de la crisis forense, porque “existen más 72,000 personas fallecidas de las cuales desconocemos sus identidades. La crisis forense, producto de una crisis de desapariciones, es una de las mayores tragedias que vivimos desde que se recrudeció la violencia en 2007” (pág. 46). La otra pieza del horror son las fosas clandestinas, cuyo volumen expresa un ángulo terrible del problema: “Del 1 de enero de 2006 al 30 de septiembre de 2024, se han registrado 3,516 fosas clandestinas reportadas” (pág. 47).
Las ONG piden que se instale una comisión de esclarecimiento y se comunique a la Corte Penal Internacional la información para aplicar el Artículo 34 de la Convención a México. Veremos qué pasa…
Investigador del CIESAS. @AzizNassif