El Sistema Nacional Anticorrupción () requiere una reforma para tener más “dientes” para actuar, así como mayor colaboración en materia de recuperación de recursos en casos de corrupción, congelamiento de cuentas y fiscalización a través de la Unidad de Inteligencia Financiera () y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sostuvo la presidenta del Comité Coordinador, Vania Pérez Morales.

En entrevista con EL UNIVERSAL, subrayó que para obtener resultados se requiere de voluntad política entre todas las instituciones que integran el SNA, ya que sin esto no puede funcionar en su conjunto.

Adelantó que su presidencia está por presentar cinco casos de corrupción sobre Pemex, Odebrecht, Segalmex, Conade y la Estafa maestra, y lamentó que en una década solamente se hayan subido tres casos, previos a estos.

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¿Cómo llega el Sistema Nacional Anticorrupción a 10 años de su creación?

—La reforma que dio vida al Sistema Nacional Anticorrupción es el [artículo] 113 constitucional, que se reformó el 27 de junio de 2015. Y a 10 años de esa reforma llegamos con más o menos 70% de las designaciones faltantes, es decir, está operando a 30%.

La gran promesa era poder detectar, prevenir y sancionar grandes casos de corrupción. Es una pena que, durante 10 años, ocho con presidencias ciudadanas, solamente se han subido tres casos importantes de corrupción: el socavón del Paso Exprés, Pegasus y Odebrecht, estos dos últimos los subió la presidenta Jacqueline Peschard, pero sólo se tomó en cuenta el de Odebrecht.

Nosotros estamos por llevar cinco: un caso relacionado con Pemex; nuevamente saber cómo va Odebrecht, Segalmex, Conade y la Estafa maestra. Me parece que los ciudadanos tienen la idea de impunidad y entonces [hay que] dar un recuento sobre lo que está ocurriendo; en las próximas semanas llevaremos al pleno del comité coordinador esto.

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¿Los pendientes del SNA?

—Tenemos dos grandes pendientes dentro del sistema y es una política nacional anticorrupción que no sea burocracia, porque hoy tenemos una política que, en dichos de los servidores públicos, les toca abanderarla, se vuelve un tema de burocracia. Esta política debería de ser un camino y se ha vuelto más bien un obstáculo.

Y una plataforma digital nacional que nos ayude, sobre todo, a hacer cruces que permitan la inteligencia anticorrupción y no un repositorio de datos. La mayor cantidad de datos que tenemos es un espejo de lo que hay en Declaranet. Entonces, esto no ayuda a tener realmente una detección de casos de corrupción.

Creo que, históricamente, en el país hemos puesto a los corruptos en primeras planas y no a las víctimas, ¿quiénes son las personas que siguen pagando 3 mil 500 pesos de corrupción al año?, lo que lleva más de 11 mil millones de pesos de pago de corrupción.

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¿Cómo puede ayudar el cruce de datos entre dependencias para detectar irregularidades?

—Dentro de la plataforma digital nacional, hay seis módulos. Uno de esos módulos, el primero, es el de evolución patrimonial. Lo que se debía hacer es poder ver en tiempo real, no solamente los ciudadanos, sino sobre todo una herramienta para las autoridades, el cómo es que ha evolucionado el patrimonio de las personas que están en el servicio público y cómo podemos cruzarlo con otros datos.

Por ejemplo, hay un módulo que se refiere al de contrataciones públicas. Y en ese módulo podrías ver (...) si hay un ciudadano, si hay un servidor público que está participando en compras públicas, es decir, el que le toca adjudicar, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que entró siendo director de administración y resulta que además participa en una de las empresas que ganaron.

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¿Es uno de los puntos que ha impedido la efectividad del combate a la corrupción?

—Sí, es una de las herramientas principales, entonces esto podría ayudar, pero me parece que otro de los temas es la voluntad política. Sólo muy pocas instituciones han llevado puntos o han empujado que el sistema se coordine entre sí. Me parece que el trabajo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en estos primeros meses me ha tocado la presidencia, pero a lo largo de la historia del sistema ha sido la Secretaría de la Función Pública quien ha tenido más incidencia y en primer lugar la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, su titular se ha metido más a los temas técnicos y ha dado opiniones, ha pedido que se suban temas, pero no así con los otros.

¿Cómo mejorar este sistema?

—Digitalizar los trámites, me parece que es algo en lo que está avanzando el Ejecutivo federal, en el avance de la digitalización. La evidencia nos dice en el mundo que la digitalización ha ayudado, que los países con más trámites son países que, de manera proporcional, tienen más corrupción. A mayor simplificación administrativa tenemos mejores índices de integridad. Porque, y esto es una pena, es justo el punto de encuentro entre un ciudadano y un servidor público donde ocurren los casos de corrupción.

También un llamado muy importante es al periodismo de investigación. Que el periodismo de investigación pudiera acercar al sistema lo que está llevando y que nosotros pudiéramos denunciarlo.

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Nombramientos pendientes...

—De los cinco integrantes que debíamos de ser, sólo somos tres. El próximo año, cuando yo salga en febrero y seguimos estando, solamente estarán dos integrantes, lo que ya no permitiría su trabajo. Entonces, esto está atorado en la Jucopo, le hemos mandado infinidad de comunicaciones al senador Adán Augusto López, porque está en su cancha el nombrar la comisión de selección para nombrar a los integrantes y no se ha hecho.

¿Es necesaria una reforma?

—Sí, yo creo completamente. Hace 10 años hubo muchísimos ciudadanos que apostaron a un Sistema Nacional Anticorrupción y pensaban que esto iba a ser el gran antídoto, hoy creo que se quedó por abajo de la expectativa. Como las recomendaciones que sean vinculantes, que tenga más dientes, que quien esté a cargo del sistema realmente tenga la manera de operarlo, porque si no, se vuelven figuras que se dedican nomás a ir a foros.

Uno de los temas más importantes es que no se hace recuperación de activos. Se está investigando la corrupción, se ponen sanciones, pero no sabemos qué pasó con el dinero que se fue en corrupción y que sigue siendo gastado.

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