Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se negaron a enmendar la plana al Poder Legislativo en materia de violencia vicaria, al validar las reformas hechas a tres leyes secundarias sobre la “violencia a través de interpósita persona” y sólo dirigir un “exhorto respetuoso” para sugerirle al Congreso que lo estipule como un tipo penal y no como una agravante de violencia familiar.
Ayer, los ministros resolvieron una acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a diversas normas secundarias relacionadas con violencia vicaria.
A través de su recurso, la CNDH acusó que las reformas hechas por el Poder Legislativo en materia de violencia vicaria en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Civil Federal y el Código Penal Federal van en contra de la Constitución, pues no otorgan a las infancias el papel de víctimas ante dicha práctica.
La comisión argumentó que con la redacción actual sólo se les ve como “una herramienta de presión” y no como verdaderas víctimas, garantes de derechos y reparación del daño, por lo que pidió que la Corte las invalidara y exigiera a los legisladores corregir las modificaciones hechas en la materia.
Otro reclamo de la CNDH fue que la redacción de las reformas, publicadas en enero de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, dejan fuera a hombres que pudieran ser víctimas del mismo tipo de violencia por parte de mujeres, lo que constituye una violación a sus derechos.
El proyecto de resolución, que estuvo a cargo de la ministra Lenia Batres, propuso validar los cambios hechos a esas tres leyes secundarias y declarar infundados los reclamos de la CNDH, pues los derechos de las infancias están salvaguardados precisamente en la Constitución y otras leyes secundarias.
Sobre el tema de discriminación a hombres que pudieran ser víctimas de la “violencia a través de interpósita persona”, el proyecto aseguraba que las reformas se hicieron con el afán de proteger a las mujeres de este tipo de abuso y modificarlo las dejaría en indefensión ante posibles prácticas legales de los violentadores.
Diferencia de criterios
En la sesión de ayer martes solamente tres ministros estuvieron en desacuerdo con el proyecto.
Se trató de los ministros Giovanni Figueroa, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, quienes argumentaron que para poder obligar al Poder Legislativo a corregir la plana en la redacción de dichas reformas es necesario invalidar las mismas.
Los seis ministros que estuvieron de acuerdo con la propuesta de Lenia Batres también coincidieron en hacer “un respetuoso exhorto” al Congreso para que cambie la redacción del Código Penal Federal y tipifique el delito de “violencia a través de interpósita persona” y que no sea considerado solamente una agravante del delito de violencia intrafamiliar.
En su oportunidad, la ministra Loretta Ortiz estalló ante sus compañeros de sesión al argumentar que “con un exhorto no se va hacer ‘abracadabra’ para que el Legislativo legisle correctamente” y destacó que es necesario que exista el tipo penal para que esta práctica violenta se pueda perseguir como lo que es, un delito, y no como una agravante.
“La tipificación de un delito es la columna vertebral de nuestro sistema penal. No es una cuestión graciosa o una opción para poder aplicar si queremos o no queremos, es una obligación jurídica y un derecho fundamental (…) y ahora vamos a decir: ‘bueno, no importa que no se integre el tipo penal’. ¿No importa? Por eso no se persigue este delito”, expresó Ortiz.
Los ministros Giovanni Figueroa y Yasmín Esquivel apoyaron la posición de Ortiz, y se negaron en su turno a avalar el “exhorto” dirigido al Congreso.
“Hay riesgos en remitir el Código Penal a una referencia de una norma de carácter civil y, por otra parte, precisamente por la importancia de impedir la violencia contra las mujeres, debemos como tribunal constitucional garantizar desde ahora y no dejar para el futuro ni al arbitrio del legislador que el Congreso de la Unión establezca con precisión cuáles son los elementos del delito”, expuso Esquivel.
El exhorto avalado por los demás ministros establece que el Congreso de la Unión deberá establecer “los elementos objetivos y subjetivos que configuren la violencia vicaria o a través de interpósita persona”.
Pese a la propuesta del ministro Arístides Guerrero, los demás ministros decidieron no ponerle temporalidad alguna.
“Es que no se trata de una invalidez, de lo contrario tendríamos que ponerle un plazo para que corrijan, pero sólo les estamos haciendo un llamado respetuoso”, dijo la ministra Lenia Batres.
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