
Tras varias horas de discusión, el pleno de Senado avaló en lo general y particular la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que busca operar estrategias conjuntas entre todas las instituciones de seguridad pública para compartir y actualizar diariamente la información que generan en el ámbito de su competencia.
La iniciativa fue aprobada con 88 votos a favor y 16 en contra y ninguna abstención, por lo que continúa discusión en lo particular para saber si tendrá cambios.
Tras algunos minutos de discutir los artículos reservados, Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, lograron obtener 70 votos a favor y 30 en contra para aprobar la ley en lo particular por lo que el dictamen fue remitido al Ejecutivo Federal.
En tribuna, Jesús Lucía Trasviña, destacó que estos dictámenes marcan un antes y un después en la manera en que el Estado mexicano enfrenta el desafío de la seguridad pública. Indica que estos instrumentos jurídicos recogen la experiencia institucional acumulada y proyectan el rumbo estratégico para recuperar la paz y fortalecer la justicia.
En tribuna dijo con estas leyes se consolida un nuevo modelo de seguridad pública centrado en la inteligencia, la profesionalización y la cooperación.
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Expuso que las principales propuestas de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, en Materia de Seguridad Pública. Puntualiza que esta ruta estratégica está respaldada por resultados verificables.
La nueva ley posibilita la interconexión con el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública; 2) crear el Sistema Nacional de Información, el cual se integrará, al menos, por el Registro Nacional de Armamentos y Equipo.
Estos son los nuevos registros que se crearán:
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Se podrá regular los centros de comando y control en los tres órdenes de gobierno, encargados de las labores de recepción de reportes de emergencia y denuncias anónimas.
Se define el Sistema Nacional de Seguridad Pública como el conjunto orgánico y articulado de relaciones funcionales, principios, normas, instituciones, instalaciones, estructuras, técnicas, programas, políticas, procedimientos y servicios destinados a cumplir con los fines de la seguridad pública establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El dictamen establece que las Instituciones de Seguridad Pública, en coadyuvancia y corresponsabilidad, deben promover la participación social a través del diseño, desarrollo, implementación y evaluación de mecanismos encaminados a fortalecer las políticas, los lineamientos, programas y acciones de seguridad pública.
Además, distribuye entre los tres órdenes de gobierno competencias específicas para el ejercicio de la función concurrente de la seguridad pública, a fin de que se coordinen de manera eficiente, transparente y responsable.
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