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El Senado aprobó por unanimidad en lo general y en lo particular, el dictamen de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que establece hasta 42 años de prisión a quienes cometan este delito.
Durante la sesión vespertina con 110 votos a favor la reforma que será devuelta a la Cámara de Diputados donde se establece que el delito de extorsión se perseguirá de oficio, y se define como la acción de obligar a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o causando un perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico.
La pena base contempla de 15 a 25 años de prisión y multa equivalente a 300 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
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En la discusión en lo particular, se aprobaron dos reservas presentadas por Morena en materia de equidad de género y medios digitales, con 95 votos a favor y 12 en contra.
El proyecto de decreto aprobado, que contiene cambios en 15 artículos de la minuta enviada por la Cámara de Diputados, fue devuelto al Palacio de San Lázaro para continuar su trámite legislativo.
Carolina Viggiano, del PRI, destacó que la extorsión ha aumentado en México debido a diversos factores, entre ellos la complicidad de gobiernos anteriores con el crimen organizado.
Recordó la estrategia del gobierno anterior de “abrazos, no balazos”, que según la senadora, permitió a los delincuentes operar con impunidad y con la omisión de las fuerzas de seguridad, lo que se reflejó en cifras históricas de homicidios y desapariciones forzadas.
“Desafortunadamente, el cambio de estrategia que se hizo, que reconocemos que es mucho mejor el que ha tomado este gobierno, hizo que los criminales abandonaran el cultivo y trasiego de heroína para enfocarse a la extorsión, el secuestro y el robo como fuentes de financiamiento, desde grandes empresarios hasta los más pequeños comerciantes en los pueblos, porque no se previó este tipo de fenómeno”, aseguró.
La panista Guadalupe Murguía, reconoció que aunque la ley es un paso importante, su eficacia dependerá de su aplicación y del combate a la impunidad, que actualmente alcanza al 97 por ciento de los casos.
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