En una de sus resoluciones más importantes después de su instalación en septiembre pasado, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó siete amparos que promovió el empresario Ricardo Salinas Pliego, con lo que lo obliga a que pague más de 48 mil millones de pesos correspondientes a siete créditos fiscales.
Por unanimidad, los nueve ministros de la Corte determinaron que Elektra debe pagar 43 mil 263 millones de pesos y Televisión Azteca 5 mil 63 millones de pesos, lo que suma 48 mil 326 millones de pesos por Impuesto sobre la Renta (ISR), actualizaciones, recargos y multas de los ejercicios fiscales de 2008 al 2013.
Grupo Salinas aseguró que fue un día negro para la justicia y el Estado de derecho y argumentó que se trató de una medida aprobada por consigna, enviada desde el gobierno. Acusó que se trata de acoso político y adelantó que acudirá a tribunales internacionales. La presidenta Claudia Sheinbaum reviró: “Mejor pagar sus impuestos en vez de andar pagando campañas en redes”.
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Lo anterior, tras desechar siete amparos de dichas empresas para impugnar sentencias de tribunales que confirmaron los adeudos fiscales en diferentes años del empresario que decidió retar al gobierno de la Cuarta Transformación.
Por unanimidad de votos, en sesión realizada ayer, los ministros y ministras establecieron que los recursos del Grupo Salinas carecían de interés excepcional y ninguno planteaba algún tema de constitucionalidad para ser revisado por la Suprema Corte.
Al presentar uno de los proyectos, sobre un amparo de Elektra contra el pago de mil 306 millones 476 mil 349 pesos, el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García afirmó que este recurso no debió ser admitido por la expresidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, “toda vez que a pesar de que está involucrado un tema de constitucionalidad de normas generales, carece de excepcionalidad porque ya existen precedentes de esta Corte que resuelven las problemáticas que se encuentran planteadas”.
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En un hecho sin precedente en la Suprema Corte, Guerrero García se apoyó de una presentación digital para explicar la secuela procesal de dicho amparo, “en un ejercicio de transparencia judicial”.
“Me voy a permitir presentar algunas láminas en las cuales se presenta la cadena impugnativa y, adicionalmente, van a poder encontrar en la parte inferior de esas láminas un código QR, y al capturar ese código QR se va a descargar el proyecto de la sentencia”, dijo.
Derivado de lo anterior, el pleno revocó la admisión y, en consecuencia, desechó el amparo directo en revisión de Elektra. Al respecto, el presidente de la Corte, ministro Hugo Aguilar Ortiz, señaló que el mencionado asunto fue ampliamente litigado, pues el equipo de abogados de Salinas Pliego promovió “28 recursos, 13 recursos de reclamación, tres solicitudes de facultad de atracción, dos conflictos competenciales”.
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Irving Espinosa Betanzo, Arístides Guerrero García, María Estela Ríos González, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz y el presidente Hugo Aguilar Ortiz fueron los ministros que presentaron los proyectos de sentencia contra las empresas de Salinas Pliego.
Durante la sesión, los ministros determinaron que las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa no estaban impedidas para participar en la discusión de los amparos, pues los comentarios que hicieron no constituían un prejuzgamiento. En el caso concreto de Batres Guadarrama, quien hace algunos años realizó comentarios contra Salinas Pliego, Aguilar Ortiz afirmó que dichas expresiones ocurrieron antes de que fuera ministra de la SCJN.
“En el caso de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama, lo que se les atribuye son opiniones que nada tienen que ver con la controversia que se plantea, creo que esa es la parte medular, con independencia de si es antes o después del ejercicio de su cargo, lo medular es que no hay un pronunciamiento, no hay un adelanto relacionado con el asunto que se ventila en el expediente principal”, dijo.
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En un pronunciamiento individual y visiblemente contenta, Batres dijo que espera que la nueva Suprema Corte se siga conduciendo así, “sin estar en coalición de intereses, que sucedía mucho en la Corte anterior, parecía más, a veces, de un ministro o ministra defensores de intereses de particulares... más que ministros obligados a impartir justicia (...)”.
“Yo espero que siga sucediendo eso, no siempre es fácil resolver en este tipo de cuerpos colegiados, no siempre se conducen todos sus integrantes resguardando el interés público, resguardando el interés social, cuidando los recursos que son los que se pagan al fisco, que deben estar destinados a cubrir las necesidades de la población”, agregó.
Inicialmente, Grupo Salinas impugnó el pago de 33 mil 477 millones de pesos en siete litigios, recursos que se incrementaron por actualizaciones, recargos y multas.
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Todavía quedan pendientes de resolución dos recursos que están en la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien celebró el revés al empresario Ricardo Salinas Pliego.
“Este tipo de resoluciones son posibles porque hay un pleno que funciona de manera transparente, porque está obligado a resolver en sesiones públicas”, dijo.
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