El 25 de noviembre de 2024, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó un decálogo de acciones para atender, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Junto a la recién creada Secretaría de las Mujeres, el Gobierno federal presentó el decálogo en un contexto de aumento en las denuncias por violencia familiar, altos niveles de violencia feminicida y persistentes fallas en la coordinación entre fiscalías, tribunales, instituciones de seguridad y sistemas de atención.
De acuerdo con cifras difundidas en aquella conferencia, correspondientes al año pasado y recabadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el país registró más de 2 mil feminicidios y decenas de miles de llamadas de emergencia por agresiones contra mujeres, lo que llevó al gobierno a anunciar un conjunto de compromisos para reforzar su política pública contra la violencia de género.
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El decálogo se planteó como una guía para ordenar esfuerzos entre Federación, estados y municipios. También fue presentado como un mecanismo para fortalecer infraestructura, profesionalizar instituciones y ampliar servicios de acompañamiento para mujeres en situación de violencia.
Estos son los diez puntos que lo integran:
- Coordinación permanente entre Federación, estados y municipios, que establece la cooperación institucional para atender casos de violencia, homologar rutas de actuación y mejorar tiempos de respuesta.
- Fortalecimiento de centros de justicia, refugios y líneas de atención, que incluye ampliar la capacidad de los Centros de Justicia para las Mujeres, reforzar refugios y mejorar servicios como el 911 y líneas especializadas.
- Capacitación obligatoria para servidoras y servidores públicos, que prevé formación en perspectiva de género, debida diligencia y actuación ante violencias para personal de seguridad, justicia y salud.
- Acompañamiento presupuestal para estados y municipios, que plantea que cada entidad incremente y etiquete recursos específicos para acciones de prevención, atención y protección.
- Campañas permanentes de comunicación para promover igualdad, que contempla estrategias de difusión de alcance nacional para prevenir violencias, visibilizar riesgos y promover relaciones igualitarias.
- Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, que propone sancionar omisiones institucionales y mejorar mecanismos internos de control en fiscalías, poderes judiciales y autoridades administrativas.
- Acciones integrales para prevenir la violencia feminicida, que incluyen reforzar modelos de evaluación de riesgo, mejorar la reacción institucional y establecer rutas claras para casos de alto peligro.
- Atención digna y especializada en todas las entidades que buscan garantizar protocolos, personal especializado y estándares de servicio en instancias de atención en los 32 estados.
- Prevención desde escuelas con enfoque de igualdad que promueve programas y lineamientos para atender violencia, maltrato y desigualdad de género en educación básica y media superior.
- Fortalecimiento de fiscalías especializadas y redes de abogadas que plantea consolidar fiscalías de delitos contra mujeres, mejorar sus capacidades técnicas y ampliar la red de abogadas de mujeres para acompañar casos penales, familiares y civiles.
mahc/apr
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