
La ministra Yasmín Esquivel Mossa aseguró este lunes que la colaboración y voluntad entre los Poderes de la Unión debe servir para subsanar la deuda histórica de justicia que se tiene para con los pueblos indígenas y las mujeres en situación de vulnerabilidad, en vísperas de que la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tome protesta.
La actual ministra fue invitada, junto con el próximo presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, a la sesión deliberativa de la Sala de Asuntos Indígenas (SAI) del Poder Judicial del Estado de México, donde se votó un pronunciamiento de amnistía para una mujer mazahua, adulta mayor, que había sido víctima de violencia familiar y patrimonial por parte de quien fue su pareja, pero una sentencia la condenó por el delito de homicidio simple.
El asunto sirvió para destacar la deuda histórica que el sistema de justicia mexicano mantiene para con las comunidades indígenas y, particularmente, con sus mujeres. En su intervención, la ministra Esquivel destacó que los pueblos indígenas “siguen siendo víctimas de una profunda discriminación estructural, que ha privado a sus integrantes de los derechos más básicos, como la salud, la alimentación, o el acceso a la justicia”.
“No podemos desviar la mirada frente a esa realidad, menos aun cuando se trata de verdaderas injusticias que les privan de uno de los bienes más preciados: la libertad, con todas las consecuencias que esta pena trae consigo para quien la sufre y sus familias”, dijo.
“Con un entramado jurídico exhaustivo, competencias bien definidas de las instancias intervinientes y la colaboración institucional, este es un modelo que trasciende en la reparación que debemos a las personas indígenas, a quienes se les ha confinado al rezago social”, destacó la ministra.
En ese sentido, también comentó que estas resoluciones “saldan, apenas en parte, la deuda histórica que tenemos con nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”.
Así, aseguró que la base de estos acuerdos está en la voluntad política de los tres Poderes de cada entidad, generando políticas públicas, leyes y otras medidas administrativas y jurisdiccionales que se suman a subsanar la violación a los derechos de las personas indígenas.
En su oportunidad, el ministro electo, Hugo Aguilar Ortiz, pidió reflexionar sobre el alcance de las Salas de Asuntos Indígenas; dijo que todas las entidades federativas deben aspirar a tener una justicia pluricultural y que solo viviremos en paz cuando la justicia llegue a todos los rincones del país.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Myrna Araceli García Morón, afirmó que esta decisión judicial abre un capítulo sobre el modelo de justicia intercultural y de género en el Estado de México; y que los daños a personas en contexto de vulnerabilidad se pueden corregir con justicia restaurativa y sentencias en clave de derechos humanos.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el magistrado Fernando Díaz Juárez, refrendó el compromiso que tienen en la entidad para dignificar la justicia y ampliar sus horizontes en beneficio de todos los ciudadanos; particularmente los representantes de pueblos originarios.
Durante la Sesión Extraordinaria de la Sala de Asuntos Indígenas, realizada en el Palacio de Justicia de Toluca, también estuvieron presentes Arturo Márquez González, presidente de la Sala de Asuntos Indígenas de la entidad; Mario Eduardo Navarro Cabral, Consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México; Arnulfo Gómez Barrón, Gobernador Indígena Pluricultural del Estado de México; vocales ante la Junta de Gobierno de los pueblos Mazahua, Tlahuica, Matlatzinca, Otomí, Totonaca, Náhuatl; magistradas y magistrados integrantes de la Sala de Asuntos Indígenas; magistrados, diputados, integrantes de organismos autónomos, y del gabinete estatal, así como familiares de la víctima.
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