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La bancada de PAN en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa para que la Cámara de Diputados cree la Comisión para la Prevención, Atención y Seguimiento de la Violencia contra Servidoras y Servidores Públicos, por parte de la Delincuencia Organizada.
Durante la presentación del proyecto en tribuna, el diputado panista, Germán Martínez Cázares, recordó que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y organizaciones de la sociedad civil, del año 2018 al 2025 se tiene un estimado aproximado de 658 homicidios de servidores públicos.
Explicó que durante los últimos años, se han registrado en nuestro país diversos actos delictivos en los que han sido privados de la vida personas servidoras públicas, entre ellas, el presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez; el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y líder moral del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda; la desaparición de los marinos mexicanos, Óscar Manuel González Andrade y Victoriano Rodríguez Zurita, tras ser asignados como escoltas del entonces senador José Narro Céspedes; Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa de Cotija, Michoacán; Alejandro Arcos Catalán, exalcalde de Chilpancingo, Guerrero; y Román Ruiz Bohórquez, presidente municipal de Candelaria Loxicha, Oaxaca; entre muchos otros.
“La creación de una comisión ordinaria de este tipo en el Congreso es de vital importancia, pues mostraría el compromiso del Estado con la seguridad de sus funcionarios. Al mismo tiempo, representa un mecanismo esencial para fortalecer la rendición de cuentas por parte de las instituciones mexicanas y combatir la impunidad”, expuso.
Martínez Cázares detalló que la Comisión tendrá por objeto investigar y dar seguimiento a los casos de amenazas y agresiones cometidos en contra de personas servidoras públicas, particularmente aquellas del ámbito local, cuando existan indicios, presunciones razonables o denuncias sobre la participación de la delincuencia organizada.
De igual forma, tendrá a su cargo la identificación de patrones, contextos y causas estructurales e institucionales que han permitido la repetición de amenazas y agresiones en contra de personas, servidores públicas municipales, así como de otras figuras de responsabilidad institucional.
La comisión podrá formular propuestas de reformas legales, mientras que las observaciones y recomendaciones que emita, impactarán sobre las políticas y programas de seguridad implementados en los distintos órdenes de gobierno.
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En sus artículos transitorios, se establece que, una vez instalada, dicha Comisión Ordinaria tendrá, como primera tarea, “proceder de inmediato a dar seguimiento a las amenazas y agresión cometida en contra de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán”.
mahc/apr
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