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La bancada del PAN en San Lázaro está en contra de que se aumenten las cargas impositivas de trámites, servicios de los agentes aduanales y los recintos fiscalizados, como lo propone la reforma a la Ley Aduanera que envió la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados, el pasado 9 de septiembre.
El vicecoordinador económico del grupo parlamentario, Héctor Saúl Téllez Hernández, dijo que con dichas obligaciones se pondría en graves riesgos financieros que no van a poder cubrir las aduanas.
Cabe destacar que la reforma propuesta por el Ejecutivo plantea crear un Consejo Aduanero facultado para autorizar o rechazar el otorgamiento de la patente de agente aduanal y de la autorización para agencia aduanal.
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Además de los procedimientos de inhabilitación, suspensión, cancelación o extinción, “a fin de restaurar la confianza en las instituciones y garantizar que los procedimientos se realicen de forma justa, asegurando su apertura y accesibilidad”, explica el proyecto.
Al respecto, Téllez Hernández manifestó que no se debe elevar de manera excesiva la carga impositiva de obligaciones, trámites y servicios a agentes aduanales, recintos fiscales y cadena de distribución de productos de importación
“Tampoco podemos permitir en este grado de corresponsabilidad que prácticamente se termine con la presunción de inocencia de los agentes aduanales, cuando puedan ser suspendidos y quitarles sus patentes únicamente por el hecho de ser investigados por una autoridad o estar inmiscuidos en una investigación y en cambio altos funcionarios del Gobierno Federal no tengan castigos ejemplares”, dijo el diputado albiazul.
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La reforma a la Ley Aduanera también propone otorgar más facultades a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), relacionadas con la inspección, fiscalización, recaudación y vigilancia de las operaciones de comercio exterior.
“Elevar excesivamente la carga financiera de privados hará insostenible e inviable su cumplimiento al ponerlos en riesgo financiero; no se deben fomentar barreras comerciales que impidan el correcto ejercicio libre de productos y su comercialización, se debe impedir que estas nuevas obligaciones se conviertan en diques que condenen al estancamiento de productos por meses en bodegas o contenedores”, señaló Téllez Hernández.
Añadió que estas prácticas aduanales solo fomentan el alza de precios al consumidor final, el contrabando, la migración a la informalidad y falta de competitividad de nuestro país frente a otros.
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“Pedimos esa corresponsabilidad al gobierno, y también exigimos terminar con las redes de corrupción enquistadas en Aduanas, el SAT, así como en las secretarías de Economía y Hacienda”, concluyó.
alm
