
Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena, acusó a las organizaciones de la sociedad civil que impugnaron la elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior del Tribunal Electoral, de estar ligadas a partidos de la oposición.
“¿Adivinen quiénes las conforman? Los mismos de siempre: integrantes del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, así como el propio Claudio X. González y excolaboradores de Felipe Calderón. Estos son los dizque "ciudadanos" que dicen defender la democracia y el Estado de Derecho”, denunció en redes sociales.
Al respecto, Miguel Alfonso Meza, presidente de Defensorxs AC lamentó esta campaña de desprestigio contra asociaciones y respondió que arriesgaron su integridad para evitar que candidatos altamente riesgosos ganaran en la elección judicial, al exponer a personas juzgadoras.
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“Silvia Delgado, abogada de El Chapo; Fernando Escamilla, abogado del Z40 y el Chelelo; Francisco Herrera, el "Fiscal del Terror", acusado del asesinato de dos periodistas y obligar a comunidades indígenas a unirse al crimen organizado. Hernán Vega, exdelegado de migración en Yucatán detenido por proteger una red de trata de personas. Y decenas de casos más de personas ligadas a la Luz del Mundo, el narcotráfico y casos de abuso sexual (e incluso un intento de feminicidio”, señaló el activista.
Así como decenas de casos más de personas ligadas a la Luz del Mundo, el narcotráfico y casos de abuso sexual (e incluso un intento de feminicidio). Afirmó que busca cerrar los agujeros que dejaron en la reforma al Poder Judicial y en su implementación.
“Por este trabajo que hicimos los ciudadanos de a pie, y que no hicieron los legisladores ni los Comités de Evaluación, asumimos varios riesgos. Incluso, apliqué al Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, el cual se negó a incorporarme porque, bajo su criterio, no estoy en una situación de riesgo, sino solo una "percepción de riesgo", a pesar de todas las pruebas que les proporcioné”, dijo.
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Condenó que la dirigente morenista realizó una campaña para deslegitimarlos e, incluso, negarles el carácter de ciudadanos. Además, enfrenta una denuncia electoral por "violencia política" presentada por uno de los candidatos que expusieron.
“Y no pasa nada: evitar que personas altamente riesgosas se conviertan en jueces vale todos los sacrificios (...) No solo soy un ciudadano, cosa que pone en duda la presidenta de Morena. Soy un ciudadano que ha dedicado toda su vida profesional a combatir la corrupción y defender los derechos humanos”, aseguró Miguel Alfonso.
Describió dichas intenciones como “una técnica del manual populista de dividir a la ciudadanía entre buenos y malos, pueblo y no-pueblo, ciudadanos y no-ciudadanos”. Y expuso su interés en asegurar que las elecciones en México sean limpias y democráticas.
“En la elección judicial, todos los ganadores de puestos nacionales obtuvieron su victoria a través de una acción ilegal: la intervención del régimen, a través de la presidencia de la República y el partido oficial. Esa intervención estaba prohibida por las leyes que ellos mismos aprobaron. No solo influyó en el resultado de la elección, sino que determinó todos los puestos nacionales que se eligieron”, acusó el activista.
El pasado jueves 19 de junio, seis organizaciones civiles (Poder Ciudadano, Laboratorio Electoral, ProJuc, Consejo Nacional de Litigio Estratégico, Práctica Laboratorio para la Democracia) impugnaron la elección judicial y presentaron nueve demandas junto con candidatos como Carlos Odriozola en contra de las tres elecciones judiciales de puestos nacionales.
Ya que, argumentan, el 100% de los candidatos que estaban en los acordeones de la presidencia ganaron la elección: 9 ministros de la SCJN, 5 magistrados del Tribunal de Disciplina y 2 del Tribunal Electoral y hubo fallas en la evaluación de candidatos (al menos 26 candidatos altamente riesgosos).
jf/bmc
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