Los movimientos sociales y la 4T

Para llegar a la presidencia, la llamada 4T construyó un frente amplio que recicló políticos de otros partidos y cacicazgos locales y regionales. Simultáneamente estableció alianzas con empresarios, clases medias y movimientos sociales, como el Barzón, sindicatos (como el SNTE), colectivas feministas e intelectuales que se adhirieron a su propuesta política.

A través de desplegar un programa político (similar al de otros movimientos de carácter electoral y gubernamental surgidos en Latinoamérica) que enarboló propuestas políticas en el sentido de desmercantilización de la sociedad con aspiraciones contra neoliberales, atrajo incluso a sectores de movimientos contestarios como la CNTE y movimientos sindicales democratizadores de empresas paraestatales que también se agruparon al movimiento electoral.

Los movimientos sociales que se agruparon en torno a la 4T tenían la esperanza de encontrar respuesta al acumulado de conflictos en materia ambiental, laboral, de seguridad, acceso a la justicia y garantía del estado de derecho; sin embargo, las demandas históricas de estos grupos no solo persisten, sino que se complejizan. Así lo revela la ENVIPE 2024 del INEGI que refleja las principales preocupaciones de los mexicanos.

Paradójicamente, los movimientos afines han sido cooptados mediante su inclusión en los programas sociales y la incorporación de sus líderes a las estructuras gubernamentales, a través de escaños legislativos o cargos públicos en secretarías de Estado, lo que redujo su capacidad de movilización.

Encontraste, los colectivos y actores críticos al actual gobierno enfrentan estigmatización y en casos muy puntuales represión y judicialización. Aun cuando se insiste que ya no se reprime ni se criminaliza la protesta social, a través de la narrativa “liberales contra conservadores” y de “hacerle juego ala derecha” se intenta evadir o desvirtuar las críticas y contradicciones presentes en la política pública de la 4T.

Como botón de muestra podemos mencionar las acusaciones de ser instrumento de la derecha vertidas contra los ambientalistas que denunciaron las afectaciones medioambientales ocasionadas por el Tren Maya. Daños que fueron reconocidos en abril pasado por la actual titular de Semarnat.

Otro ejemplo es la judicialización de los defensores del agua y el territorio a quienes se les fabrican carpetas de investigación gigantescas o se les acusa de terrorismo o despojo con la finalidad de desarticular o intimidar su lucha. En ese tenor destacan los casos de Renato Romero, Pascual Bermúdez, y Rogelio López, defensores del agua que luchan contra la privatización y saqueo de los recursos hídricos en la región Choluteca de Puebla; además del caso del profesor Miguel Ángel Guzmán Michel, defensor de derechos humanos, que se encuentra preso en el Cereso de Perote, Veracruz, a pesar de las evidentes irregularidades en su proceso.

La 4T en su lucha por desmantelar toda oposición golpea, incluso a las voces de izquierda, atentando contra el desarrollo democrático. Cabe recordar que son los movimientos sociales los que inciden en la democracia de los países, movilizan a la ciudadanía, presionan por cambios políticos y sociales, desafían las estructuras de poder existente y promueven mayor inclusión en las tomas de decisión y la participación política.

Estudiante de maestría en el Instituto Mora e integrante del Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social, CACEPS, caceps@gmail.com