La nueva Corte deberá resolver 76 casos contra reformas de la 4T

Los ministros y ministras electas para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a partir del 1 de septiembre tendrán que resolver cerca de mil 200 asuntos pendientes, entre los cuales se encuentran al menos 76 controversias y amparos en contra de reformas hechas por los gobiernos de la 4T.

Entre los casos más relevantes que los próximos ministros tendrán que resolver están controversias interpuestas en contra de la reforma a créditos hipotecarios especiales, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum; los “superpoderes” otorgados a la titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei; y la creación del Sistema de Salud para el Bienestar.

Otro asunto relacionado con la 4T y pendiente en la Corte es la eliminación del Instituto Nacional de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales (Inai) y la creación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno con sus nuevas facultades y la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de telecomunicaciones.

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Nueve ministras y ministros se integrarán a la Corte como integrantes del pleno tras la reforma judicial avalada en septiembre de 2024, en la que se incluye que los juzgadores del país deban elegirse a través del voto popular.

En la elección del 1 de junio pasado se eligió a los nueve nuevos integrantes de la Suprema Corte, coincidiendo exactamente quienes fueron señalados en las guías de votación —mejor conocidas como “acordeones”— que fueron distribuidos durante las campañas por operadores políticos ligados a Morena.

Se trata de Hugo Aguilar, quien además será el próximo presidente de la Corte por dos años, al ser el candidato que más votos obtuvo; Sara Irene Herrerías; Estela Ríos; Giovanni Figueroa; Arístides Guerrero; Irving Espinosa; y la reelección de Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.

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Pendientes por tipo de asunto

La intención de la integración actual de la Suprema Corte, encabezada por la ministra presidenta Norma Lucía Piña, es dejar los engroses de cada expediente de asuntos resueltos por el pleno, la primera y segunda sala en ceros.

Por ello, desde abril dejaron de turnarse asuntos a los ministros, con el fin de que terminaran solo con sus consideraciones y votos particulares sobre cada asunto resuelto hasta el 31 de agosto.

Hasta el último día de junio, de acuerdo con un informe en poder de EL UNIVERSAL, la Corte tenía como pendientes un total de mil 151 asuntos. De esos, 685 se discutirían en el pleno; 331 en la Primera Sala y 112 en la Segunda Sala. Todos deberán discutirse en el pleno a partir del 1 de septiembre, ya que la reforma judicial eliminó el funcionamiento de las salas.

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Entre los pendientes, los próximos ministros deberán atender 194 acciones de inconstitucionalidad, 31 amparos directos, 216 amparos directos en revisión, 133 amparos en revisión, 275 controversias constitucionales y 65 contradicciones de criterio.

Entre otros asuntos, también deberán resolver ocho declaratorias de inconstitucionalidad, 53 recursos de reclamación, 50 incidentes de inejecución de sentencias y 17 impedimentos.

Los casos relacionados con la 4T

De esos mil 151 pendientes, al menos 76 son controversias y amparos en contra de reformas hechas por los gobiernos de la 4T, ya sea el del expresidente Andrés Manuel López Obrador o de la actual presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre los casos más destacados están la reforma que le dio más facultades a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), que actualmente es Guadalupe Taddei, también señalada en su momento por tener nexos con políticos pertenecientes a la autodenominada 4T.

Con esos “súper poderes” Taddei pudo nombrar, sin necesitar la mayoría de votos del Consejo General del INE, a funcionarios técnicos dentro del instituto. Varios de los nombrados destacaron por no tener experiencia para el cargo.

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Entre las reformas impugnadas tanto por organizaciones civiles como por la oposición en el Congreso de la Unión están la creación del Sistema de Salud del Bienestar y la reforma al ISSSTE en materia de créditos de vivienda.

También pendiente quedará la eliminación del Inai y la creación de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno con más funciones y facultades que las que tenía la extinta Secretaría de la Función Pública.

Otras reformas controvertidas son las que avalaron la participación de las Fuerzas Armadas en el control del espacio aéreo y en vías de comunicación, aprobadas por el Congreso en marzo de 2024, el día conocido como “viernes negro”.

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Además, quedarán pendientes las controversias en contra de las reformas político-electorales conocidas como el Plan B; la creación del Banco de ADN para uso forense; la declaración del litio y otros minerales como bienes de utilidad pública y el caso Salinas Pliego y Elektra por crédito fiscal.