
Más de 850 jueces y ciudadanos reprocharon el papel de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante la reforma judicial, la cual consideran el mayor retroceso en materia de independencia judicial en la historia moderna de México, que no hubiera sido posible sin cómplices dentro del Poder Judicial.
El grupo acusó de traición al máximo tribunal del país, encabezado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, por “despreciar y omitir” la revisión del amparo que obtuvieron, en el que se declaró inconstitucional la reforma judicial del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por vicios legislativos.
A través de un comunicado, los jueces y ciudadanos recordaron que desde febrero de este año, solicitaron al pleno de la Suprema Corte asumir la competencia del amparo indirecto 121/2024, pero “no hubo respuesta”.
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“En su lugar, hasta el 4 de junio, la presidencia de la Corte turnó indebidamente la petición a la Primera Sala cuando su conocimiento correspondía al pleno. Y el 11 de junio, en sesión privada, esa Sala la rechazó por unanimidad, al parecer, escudándose en tecnicismos y formalismos que ellos mismos fabricaron. Esa decisión no fue un descuido: fue una claudicación deliberada”.
Ante ello, consideraron que los ministros incumplieron flagrantemente el deber de guardar y hacer guardar la Constitución cuando más se necesitaba su firmeza. “Cuando más se requería de su valor, eligieron callar. Optaron por la omisión. Renunciaron a su deber histórico”, arremetieron.
Aseguraron que los ministros prefirieron protegerse del costo político, de las presiones, de las amenazas o de perder los haberes de retiro, en vez de limitar al poder ante una de las etapa más oscuras de la vida democrática en México.
“En lugar de enfrentar al poder, se replegaron y, con ello, consintieron la destrucción del equilibrio constitucional”.
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“La sociedad no olvidará este agravio. No olvidará que la Corte, en el momento más importante desde 1917, eligió replegarse. Los ministros no serán recordados como jueces, sino como cómplices”, advirtieron.
Indicaron que sabedores de que ninguna reforma es válida si viola los principios fundamentales consagrados en la propia Constitución, los ministros tuvieron la oportunidad de defender la Constitución y no lo hicieron. “Prefirieron atestiguar pasivamente la demolición del orden jurídico. Pudieron haber hecho historia, pero se resignaron a administrar la decadencia”, lanzaron.
Afirmaron que la reforma al Poder Judicial de la Federación no hubiera sido posible sin cómplices dentro del mismo, como el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, a quien señalaron de convertirse en operador político del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
“Permitió la intromisión del presidente López Obrador en el Poder Judicial. Aceptó una ampliación inconstitucional de su mandato y, luego, se sumó formalmente al proyecto político del régimen”.
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“Su nombre quedará inscrito como símbolo de rendición y traición judicial. La responsabilidad no fue solo de Zaldívar. Los restantes ministros y ministras no quisieron o no supieron ver el momento histórico que les tocaba encabezar. Tuvieron en sus manos la oportunidad de hacer valer el papel de la Corte como verdadero Tribunal Constitucional, pero no lo hicieron; permitieron que el amparo 1214/2024, tramitado en Querétaro —uno de los juicios más importantes de la era constitucional— , siguiera un trámite ordinario, como si se tratara de un caso más”, sentenciaron.
Sin mencionar nombres señalaron que “un ministro valiente, que debe ser reconocido, quedó aislado. Tres ministras mostraron la ignominia del servicio al poder; otro cedió vergonzosamente a las presiones de éste y al parecer vendió su voto por un cargo en el servicio exterior mexicano; la mayoría se exhibió cobarde”.
Además, criticaron la actuación del Consejo de la Judicatura Federal que, “además de violar las suspensiones de los amparos y en flagrante contravención al nuevo artículo 100 constitucional, ordenó concentrar los juicios de amparo en juzgados y tribunales situados en Jalisco, desplazando a numerosos jueces que ya habían resuelto con independencia. Fue una maniobra para dilatar, fragmentar y diluir la respuesta judicial”.
Agregaron que el Poder Judicial de la Federación será transformado en un departamento judicial al servicio de los otros poderes, sin autonomía ni independencia.
Y concluyeron: “Que la historia los juzgue con severidad. Nosotros ya lo hacemos. Porque la lucha por la justicia no termina aquí y porque el pueblo, más temprano que tarde, tendrá la última palabra”.
kicp/apr
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