La justicia electoral mexicana opera actualmente con una ley que ya no responde a las exigencias de una ciudadanía cada vez más digitalizada. Mientras las normas sustantivas del sistema electoral han sido reformadas varias veces, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME) permanece casi intacta desde 1996. Su lenguaje y procedimientos pertenecen a otra época.
En las últimas décadas, el Tribunal Electoral ha compensado ese desfase normativo mediante sentencias de avanzada que abrieron el acceso a la justicia a pueblos indígenas, mujeres, personas con discapacidad y la comunidad LGBTIQ+. Con su jurisprudencia se han creado innovadores procedimientos como el entonces Juicio Electoral o el Procedimiento Especial Sancionador —ahora a cargo de la Sala Superior— y, a través de Acuerdos Generales, se fortaleció el acceso efectivo a la justicia con herramientas digitales como el juicio en línea y las notificaciones electrónicas. Sin embargo, todo esto opera sin respaldo firme.
En 2023 se realizó un importante esfuerzo para actualizar la ley, sin embargo, ésta fue invalidada por la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hoy, en el contexto de la reforma electoral evaluada por la Comisión Presidencial y el Congreso, resulta urgente colocar la LGSMIME en el centro del debate para modernizar la justicia electoral del país.
Tres ejes para una reforma impostergable
1. Simplificar el sistema
El actual entramado de medios de impugnación —con requisitos, efectos y plazos distintos— genera confusión e inequidad procesal. La propuesta es establecer un solo Juicio Electoral en primera instancia, un Recurso de Revisión en segunda y un Recurso de Reconsideración ante la Sala Superior. También se plantea unificar los plazos de impugnación en cuatro días para armonizar los procedimientos para todos los tipos de elecciones.
2. Reconocer la justicia digital y los nuevos fenómenos que conlleva el uso de la Inteligencia Artificial (IA)
La ley debe reconocer expresamente la justicia digital que ya practica el TEPJF. Los juicios en línea, las notificaciones electrónicas y los estrados digitales deben ser derechos procesales, no simples innovaciones administrativas.
Además, la norma debe incluir un capítulo sobre pruebas digitales y de IA, regulando su autenticidad, veracidad y trazabilidad. En un entorno donde circulan videos, audios y deepfakes manipulados, la legislación debe anticipar los riesgos tecnológicos y establecer estándares claros para la valoración de pruebas electrónicas.
3. Consolidar una justicia pronta, moderna y socialmente útil
El artículo 17 constitucional garantiza justicia pronta, completa e imparcial. En materia electoral, donde las decisiones son inmediatas y de alto impacto, ese mandato debe traducirse en procedimientos ágiles y coherentes.
La nueva ley debería:
• Regular el régimen sancionador de la Sala Superior, tras la desaparición de la Sala Regional Especializada.
• Incorporar figuras como el amicus curiae —latín para “amigo del tribunal”— y reglas sobre impedimentos de magistrados.
• Sistematizar la jurisprudencia sobre la procedencia del Recurso de Reconsideración y flexibilizar requisitos de procedencia para grupos vulnerables.
• Eliminar referencias a la extinta Sala Regional Especializada y al Instituto Federal Electoral.
Una ley moderna no solo acelerará los juicios, sino que acercará la justicia al ciudadano, consolidará procesos en línea y garantizará la uniformidad en la valoración de pruebas digitales.
El Tribunal ha demostrado adaptabilidad para enfrentar los desafíos, pero su jurisprudencia no puede sustituir al legislador. Corresponde al Congreso actualizar y modernizar el marco procesal, integrando la experiencia judicial con una visión de futuro.
La justicia electoral debe ser rápida, tecnológica y con perspectiva social. La ley de 1996 fue útil en su tiempo, pero hoy el país necesita un sistema procesal unificado, digital y confiable, capaz de garantizar los derechos políticos de todas las personas y cumplir con la promesa constitucional: ofrecer una justicia pronta, completa y verdaderamente democrática.
Magistrado de la Sala Superior del TEPJF @FFuentesBarrera
