Con el fin de proteger a los usuarios de llamadas y mensajes no deseados, el diputado Luis Orlando Quiroga, del Grupo Parlamentario del propuso reformar la , para delimitar, supervisar y sancionar el uso indebido de medios de comunicación en perjuicio de las personas y los derechos humanos.

La iniciativa, que propone adicionar un artículo 191 Bis y un artículo 191 Ter a la citada Ley, tiene como objetivo regular las comunicaciones no solicitadas y reforzar los mecanismos institucionales que hoy se tienen de y el derecho a la privacidad.

Para ello, la propuesta destaca estipular que toda comunicación telefónica o mensaje telefónico o vía internet con fines publicitarios, de cobranza o de prospección comercial requerirá el consentimiento previo, libre, específico e informado de la o el usuario.

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Asimismo, establecer que en ausencia del consentimiento referido, se considerará como una comunicación no solicitada y será sujeta a sanciones.

También señalar que los y cualquier persona física o moral que utilice redes públicas de telecomunicaciones para emitir comunicaciones masivas deberán: consultar los registros establecidos por las autoridades competentes en los que los usuarios se inscriben para evitar publicidad u otros servicios no solicitados.

Además, deberán abstenerse de contactar a quienes figuren en dichos registros; garantizar que sus plataformas tecnológicas implementen filtros de exclusión automatizada y proporcionar mecanismos inmediatos para que el usuario solicite ser eliminado de sus bases de datos.

En su exposición de motivos, el diputado ecologista resaltó que las llamadas y mensajes no solicitadas con fines de diversos tipos, entre los que se encuentran los publicitarios y los de cobranza e incluso los fraudulentos, representan una afectación directa al .

Señaló que este problema ha crecido a la par del uso de tecnologías automatizadas aplicadas al intercambio de datos personales sin autorización para fines comerciales, lo que ha generado molestias cotidianas para las personas, principalmente en relación con estafas, falta de certeza y una percepción ciudadana de indefensión ante los abusos.

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Por ello, explicó, la iniciativa tiene como objetivo dotar a la nueva autoridad en materia de telecomunicaciones y radiodifusión de atribuciones claras y precisas para delimitar, supervisar y sancionar el posible uso indebido de medios de comunicación en perjuicio de las personas y los derechos humanos.

Asimismo, modifica la Ley para que los concesionarios se vean obligados a consultar los diferentes registros existentes.

Aunado a ello, dado que tanto el Instituto Federal de Telecomunicaciones como la pasarán por una transformación orgánica, es necesario que una ley vigente cuide la utilización de los datos personales de los usuarios y garantice su derecho a la privacidad.

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mahc

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