El gobierno federal anunció, a través de la presidenta Claudia Sheinbaum, que regresará a Petróleos Mexicanos (Pemex) la distribución de combustible; sin embargo, la empresa paraestatal ya falló en labores de gestión para garantizar el abasto de gasolina y diesel en México.
En 2019, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo una fiscalización de desempeño a la estrategia que lanzó en enero de ese año el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se desató la primera crisis de abasto de combustible en estaciones de servicio por el combate al huachicol.
De acuerdo con la auditoría de desempeño número 2019-6-90T9N-07-0412-2020, tras la implementación del denominado Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex, que inició el 16 de enero de 2019, el gobierno federal reconoció la necesidad de contar con transporte adicional de combustible, situación que ocasionó el desajuste en el abasto ante la creciente demanda por parte de la población.
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El tabasqueño anunció que se adquirirían 671 pipas en Estados Unidos y se lanzó una convocatoria para la contratación de chóferes; sin embargo, la ASF advirtió sobre graves problemas de logística por parte de la paraestatal para distribuir y garantizar un suministro constante de combustible en las estaciones de servicio.
Fue hasta 2021 cuando la ASF dio a conocer los resultados de la fiscalización y determinó carencias que afectaron la eficiencia operativa y la seguridad en el transporte.
“Con la fiscalización de la medida implementada por el gobierno federal se verificó que en 2019 la medida gubernamental implementada no fue una medida eficaz ni eficiente para atender el desabasto provocado por las acciones de desmantelamiento del mercado ilícito, ya que Pemex Corporativo (PCORP) y Pemex Logística (PLOG) no llevaron a cabo una adecuada gestión administrativa del procedimiento de compra que limitó garantizar que el mecanismo diseñado aseguró las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad”, señala la auditoría.
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En esa fiscalización también se determinó que, a pesar de que la operación y resguardo de las pipas quedaron a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Pemex llevaba la batuta en lo que respecta a la gestión, la cual “fue deficiente al no entregarse las unidades con la oportunidad requerida y hubo una cobertura marginal de abastecimiento, y todo esto desestimó la situación de emergencia declarada y dificultó transportar 200 mil barriles diarios de combustible”, indicó.
Aunado a ello, la auditoría señaló que no se contó con un mecanismo para evaluar el impacto en la atención del problema que originó la intervención gubernamental.
Tras aquella primera crisis, la ASF emitió una serie de recomendaciones al gobierno federal a fin de que “Pemex pueda mejorar su planeación a largo plazo y su gestión de riesgos, diseñando estrategias preventivas y reactivas, para evitar medidas urgentes por desabasto”.
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Se recomendó fortalecer de manera integral la logística de distribución de petrolíferos, perfeccionar los mecanismos de supervisión de los contratos, mejorar los mecanismos de supervisión y seguimiento operativo del transporte terrestre propio y de terceros para el abastecimiento y despacho de combustible, y definir estrategias para una adecuada gestión de los riesgos que pudieran afectar la continuidad de las operaciones, entre otros puntos.
Pese a dichas advertencias, la Federación no puso énfasis en fortalecer la logística y mejorar la gestión, lo que derivó en una segunda crisis de desabasto que afectó a los estados de Chiapas, Nuevo León, Estado de México y algunas zonas de la Ciudad de México.
De acuerdo con la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), la falta de logística para distribuir las unidades de transporte por todo el territorio nacional fue lo que provocó retrasos en el abasto.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció la semana pasada que “sí hay un problema con los contratos de los piperos”, según dijo.
Sobre este tema, la auditoría expresó que de la convocatoria para contratar a 2 mil operadores de pipas en 2019 solo se suscribieron mil 671 contratos individuales, pero todos fueron temporales, con una vigencia de cinco meses y 15 días.
Hasta ahora se desconocen los detalles sobre los montos pagados a los choferes, la cantidad de licencias de conductor federal otorgadas, si se cumplieron las promesas de seguridad social que se les hicieron o si se renovaron los contratos.
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Incluso, el desaparecido Inai ordenó a la Sedena informar sobre la contratación de choferes de pipas de Petróleos Mexicanos, incluyendo el costo de la política pública y el instrumento financiero utilizado para los pagos, luego de que la empresa estatal se negó a transparentar la información sobre el proceso de contratación de los conductores.
Este domingo, Pemex aseguró que el abasto había sido regularizado en su totalidad.
“Los incidentes registrados la semana pasada en Nuevo León, Chiapas y el Valle de México se debieron a ajustes en los mantenimientos, mismos que ya han sido atendidos al 100%”, remarcó la empresa.
Pese a lo anterior, en redes sociales continuaron denuncias de desabasto. En Chiapas, por ejemplo, se denunció que en 22 municipios se limitó la venta de gasolinas a 20 litros por cliente.
En redes también se informó de problemas de abasto en 42 estaciones de servicio de Nuevo León, mientras que en la capital del país se reportaron gasolinerías cerradas en Tlalpan, Coyoacán, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, así como en Ecatepec y Toluca, Estado de México.
Incluso, en la cuenta de X hubo usuarios que reportaron que el desabasto llegó al estado de Jalisco.
Sheinbaum Pardo aseguró este lunes que “ya se resolvió” el desabasto de gasolina y apuntó que “fue un problema de algunos días”.
Reconoció que hubo un problema con la contratación de pipas que distribuyen el combustible, y adelantó que para resolver el problema de transporte de las pipas traspasarán a Pemex las unidades que el Ejército adquirió en 2019 para el combate al huachicol.
