Los estados y municipios realizan adjudicaciones directas, de manera sistemática, para adquisiciones y obras públicas, y existe un número elevado de empresas no localizadas con las que se habrían firmado dichos contratos, además de “factureras” y empresas de reciente creación, informó Emilio Barriga Delgado, auditor especial de Gasto Federalizado, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En reunión de trabajo con la Comisión de Vigilancia de la ASF, de la Cámara de Diputados, detalló que el año pasado 422 municipios reportaron al Sistema de Control, Administración y Fiscalización de los Recursos del Gasto Federalizado (Sicaf) casi 24 mil 929 contratos, por más de 16 mil millones de pesos.

Y destacó que de ese total 21 mil 267 contratos fueron adjudicados de manera directa, es decir, 85%; otros 2 mil 151 contratos (9%) fueron adjudicados mediante invitación restringida y sólo mil 511 contratos (6%) fueron otorgados a través de licitación pública.

No obstante, el funcionario señaló que dicha práctica no sólo la aplican los municipios para realizar sus contrataciones, sino que también es una práctica común entre las entidades federativas.

“[En el caso de los municipios hay] 37 contratos con empresas no localizadas por el SAT, esto ya es un foco amarillo tirando a foco rojo, un contrato con una empresa facturera y 172 contratos con empresas de reciente creación. Ese es un patrón también que se repite de manera sistemática, tanto a nivel estatal como municipal. Hemos encontrado casos donde entra en funciones un funcionario estatal, un funcionario municipal o una administración estatal y una administración municipal, y contratan empresas que se crearon, literalmente, tenemos casos, con días de anticipación”, detalló.

De acuerdo con los datos del Sicaf, los municipios también firmaron 18 contratos con empresas que fueron sancionadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), ahora Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.